Contención frente a la provocación soberanista

Ahora sí. Llega el momento decisivo. Después de advertir y de alardear de lo que llegaría, el Govern que preside el presidente Carles Puigdemont está a punto de consumar lo que constituye una enorme provocación a un estado democrático. Una provocación también para una buena parte de la sociedad catalana que no comulga con una ruptura del estado de derecho y que, seamos también diáfanos, ha preferido mantenerse instalada en una especie de silencio, de larga espera, concentrada en sus cuestiones personales.

Ha llegado el momento de que esa parte de la sociedad catalana que constituye –eso también es verdad, y por diversas razones—la vanguardia del país, porque están en las instituciones, en las entidades cívicas y en la mayoría de asociaciones culturales de todo el territorio catalán, pise el acelerador y vote esta semana en el Parlament las dos leyes que llevan prometiendo: la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica o ley fundacional de la República catalana.

La perversión de lo que ha ocurrido y ocurre en Cataluña es que se le ha dado la vuelta a los principios de un país democrático. Sin titubear, el presidente Puigdemont asegura que el Gobierno ha lanzado una campaña de “provocación”, con una campaña del ‘no’, y que ante eso el bloque soberanista debe mostrar contención. ¡Los ojos de cualquier demócrata se abren como platos!

El mensaje lo hace suyo sin ningún tipo de rubor el director de El nacional, José Antich, ex director de La Vanguardia. Para Antich el Gobierno de Mariano Rajoy ha subido el grado de sus amenazas al gobierno catalán. Llega, sin duda, el momento del conflicto institucional. Y asegura, –este artículo toma su título de uno suyo titulado justamente al revés—que ante la provocación (del Gobierno) se debe mantener la contención del soberanismo.

¿Cómo puede ser que Puigdemont sea capaz de decir que es él que contiene la provocación de Rajoy?

La primera cuestión que encontraría un apoyo unánime –se supone, incluso entre el bloque soberanista—es que no se debería haber llegado a este momento. Pero, pese a los errores y carencias del Gobierno español, no se debe engañar a nadie. Es el bloque soberanista, con una responsabilidad capital de Artur Mas, y ahora de Carles Puigdemont, el que ha querido tensar la cuerda hasta el final. Es el que ha provocado, el que empuja, sin tener argumentos sólidos para llevar a considerar que no le ha quedado otro remedio.

Existe todo un ejército de provocadores, –expolíticos, intelectuales, académicos, periodistas—que han participan de ese juego, con una convicción: que es ahora o nunca, que se llega a una provocación seria para que después se pueda negociar no se sabe todavía qué, o es mejor no haber iniciado ningún proyecto. El gran problema para todos ellos es que el intento carece de una base democrática: las elecciones del 27 de septiembre de 2015 fueron precisas al plantearse como un plebiscito que se perdió. Y no vale la mayoría parlamentaria, donde la ley electoral hace estragos, que no liga con una mayoría en votos.

El soberanismo no quiere entender que perdió en el plebiscito en el que se convirtió el 27S

La provocación es que miembros del Govern digan alegremente que la oposición, la que dejará la cámara parlamentaria cuando este miércoles se voten las dos leyes, no está a la altura de una “democracia madura”. Y es que resulta, ¡vaya!, que esa oposición debería bendecir que con la ley de transitoriedad jurídica se respete que el poder judicial pase a someterse al poder ejecutivo, entre otras lindezas, en una especie de autocracia que sólo, en palabras de Puigdemont, “será una pasarela” antes de iniciar un proceso constituyente. ¿Pero cómo se puede creer esa elite gobernante sus propias triquiñuelas?

Son tiempos duros, en los que las cosas se interpretan totalmente de forma contraria, en los que el concepto de democracia se estira, se tergiversa y se pervierte.

El Gobierno español, con buen criterio, ha mantenido una gran calma ante esa reiterada provocación, aunque hay voces internas que cuestionan esa actitud. Tiene el estado de derecho a su lado. Y deberá aplicarlo cuando llegue el momento.

Por ahora, el presidente Mariano Rajoy ha decidido aplicar la contención, la mesura. Y no vale decir que ha alentado la ‘persecución’ a los Mossos d’Esquadra, cuando el propio Puigdemont ha admitido que hubo una comunicación directa y leal desde el primer minuto después de los atentados.

El concepto de democracia se estira, se tergiversa y se pervierte

Una cuestión curiosa y determinante –para quien lo quiera ver, claro—es que el Gobierno garantizó tras los atentados terroristas –al mantenerse a un lado, sin dejar de colaborar—el buen funcionamiento de un Estado autonómico, que ha generado que sólo el País Vasco y Cataluña, entre el resto de autonomías, tengan policía propia. ¿De verdad se puede decir, de cara a la comunidad internacional, que Cataluña está sometida por un gobierno autocrático cuando dispone de un cuerpo policial y ejerce sus funciones?

La provocación se intensificará en las próximas semanas, con la Diada, y con la campaña hacia el referéndum del 1 de octubre. El objetivo, y esa es otra perversión de cara a los ciudadanos catalanes que hayan asumido, con plena ilusión, el movimiento independentista, es buscar una tregua que permita la negociación a partir del 2 de octubre, como señala este lunes Economía Digital. Pero deberemos esperar en qué condiciones llega cada uno. Lo que parece claro, pese a las lecturas de parte, es que la contención se ha mantenido frente a la provocación. Y eso siempre es positivo: tranquilidad, racionalidad y argumentos.