Consumidores y usuarios
Economía Digital ha publicado varias noticias involucrando a la Organización de Consumidores y Usuarios de prácticas dudosas. Según ED, la OCU, asociada con Test Achats, Altro Consumo y Deco Protesto, se puso en marcha la empresa Euroconsumers con filial en Hong Kong, Worldcado, donde se enviaban unos 15 millones de euros para, entre otros cosas, adquirir regalos de baja calidad de origen chino para sus promociones agresivas de captación de socios.
Al margen de que se acabe confirmando esta información, es lamentable que las organizaciones que tendrían que defender al usuario y al consumidor se vean envueltas en historias que los pueden desprestigiar. Recordemos el caso de AUSBANC, juzgado por el chantaje para conseguir publicidades de bancos y administraciones. O los casos en proceso judicial en el entorno del pseudo sindicato Manos Limpias, que también utilizaba la amenaza y la mentira para obtener réditos económicos.
Aquí se podría añadir los casos de grupos ecologistas o de defensa del medio ambiente, que actúan en base a subvenciones disparando según los intereses de quien pague el aporte. He conocido de cerca, por ejemplo, el caso de la batalla de la sal, donde por un lado las salineras marinas españolas y las mineras de Alemania han financiado sendos estudios o investigaciones sobre la salinización territorial que podría causar la mina de potasa de la Cataluña Central, para evitar que avance el proceso de producción de sal barata que reventaría su mercado, a la vez que eliminaría el problema de los residuos en aquel territorio.
O también conocemos el comportamiento de algunos medios digitales, especialmente dedicados a las crónicas amarillas y confidenciales, que atacan a una presa política o económica hasta que ésta pone la publicidad adecuada.
Y esto pasa en el Estado español, en Cataluña, y al parecer en el sur de Europa. Desconozco el grado de putrefacción de la Europa calvinista central y del norte. Por composición cultural e histórica me imagino que no debe de ser tan frecuente este grado de descomposición social.
Llegados hasta aquí, y cuando se está pidiendo con toda la razón transparencia a la política y a la administración, se tendrían que establecer protocolos para que las organizaciones sin afán de lucro, empresas periodísticas y grupos de investigación o de defensa de un territorio o de los consumidores dejaran en claro de quiénes dependen económicamente.
Porque lamentablemente si dependen directa o indirectamente de alguien, ya no son independientes y no pueden servir para la función que teóricamente dicen defender: el consumidor, la opinión pública o el territorio.
Y es francamente una pena. Creo sinceramente que la única lucha progresista viable en el siglo XXI no es la tradicional de los siglos XIX y XX entre trabajador y empresario, sino la de los usuarios de los servicios públicos y consumidores de los productos y servicios privados contra los oligopolios y la tecnoburocracia.
Y esto pasa en organizaciones interclasistas de clases populares, desde la burguesía industrial hasta los parados, desde los jóvenes a los viejos; con organizaciones independientes que vivan del dinero de los asociados y no de ingresos conseguidos con chantaje o especulaciones similares a los de los sectores que denuncian.
