Constitución, ¡todo por celebrar!  

La apelación a las mayorías es una regla fundamental de las democracias. La democracia no es un asunto meramente estadístico, como se atrevió a afirmar, sin tapujos, Jorge Luis Borges. Pero tampoco puede ser la única bandera, y menos aún cuando no se tiene esa mayoría. En Cataluña, a fuerza de repetir ciertos mensajes, se ha impuesto la idea de que la Constitución de 1978 no vale prácticamente para nada.

Una minoría, que siempre lo creyó, que defiende posiciones maximalistas, ha acabado convenciendo a una buena parte de la sociedad. Se trata de la CUP, pero también se trata de dirigentes de la ex Convergència, que se atreven a decir que el 6 de diciembre no es ninguna fecha señalada.

«Nada que celebrar», sostiene Marta Pascal, la coordinadora general del PDECAT. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esa situación? Una persona joven, formada, dice que no tiene nada que celebrar, y se carga de un plumazo no sólo la memoria colectiva de muchas generaciones, sino la de sus propios mayores, la de los ex dirigentes de Convergència, que participaron en la redacción de la Constitución, como Miquel Roca i Junyent.

Debería ser todo lo contrario. ¡Todo por celebrar!, porque es una las cimas de la política española y catalana de los últimos siglos: así de sencillo y de fuerte. Y si no defendemos esa afirmación, bueno será releer el libro Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), de Eliseo Aja y Jordi Solé Tura –por cierto, participante también en la ponencia redactora de la Constitución–. Hubo hipotecas, claro, y el contexto de la época, que no se puede olvidar, pero se trata de una constitución con acento social, garantista, que defiende derechos, y que daba pie al estado autonómico. El desarrollo posterior puede y debe ser criticable, pero no es culpa del texto, es, en todo caso, de los gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP que la interpretaron. Eso Marta Pascal lo debería saber.

Lo ocurrido en Cataluña en los últimos años ha sido un intento de forzar las cosas, con el objetivo de alcanzar el poder, pero con miles y miles de ciudadanos seducidos, de verdad, por una hipotética independencia de Cataluña, convertida en un estado diferente al español.
Será complicado que esas personas, que por mil razones han abrazado el independentismo, acaben asumiendo la realidad. Pero es lo que toca.

En eso está Soraya Sáenz de Santamaría, que este miércoles se entrevistó en Barcelona con Miquel Iceta, el líder del PSC, y con Inés Arrimadas, la dirigente parlamentaria de Ciudadanos.

La vicepresidenta está explorando el camino. Quiere saber hasta dónde podrá llegar. El Gobierno del PP no promete nada. Y, por ahora, se trata más de una imagen, de un tono diferente, que de un plan real. Pero es un inicio necesario, que no se puede despachar con menosprecio.

Porque, ¿qué es lo que no funciona en realidad? ¿España es un desastre? ¿Y Cataluña? Se apunta a la financiación insuficiente de «Cataluña», pero se debe decir ‘financiación insuficiente, por los servicios que presta, de la Generalitat de Catalunya, es decir, de la administración pública de la autonomía’. Es diferente.

En cuanto a las inversiones del Gobierno central en el territorio catalán, se deben y se pueden mejorar. ¿El reconocimiento nacional en la Constitución? Es una cuestión importante. El espíritu de la Constitución fue claro. El texto habla de «nacionalidades y regiones». Eso sí queda pendiente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se articula? ¿No se ha distinguido eso en la práctica? En el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no se dejó a la Generalitat campo libre, algo que deploran ahora jacobinos de izquierda y de derecha?

La cuestión es que la Constitución hizo esa diferenciación. También quería poner en pie un sistema judicial con importantes atribuciones del propio cuerpo judicial para elegir a sus órganos de gobierno, como el Consejo General del Poder Judicial. Fue el PSOE el que se cargó lo que defendía la Carta Magna con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. ¿Lo sabe Pascal?

Existe un terreno de juego común en el que pueden participar todas las fuerzas políticas si quieren, realmente, retocar la Constitución para completar un diseño que se dibujó en 1978. Pero es lógica la prudencia del Gobierno, aunque debería ofrecer sus propuestas, y no esperar siempre a ver qué dice el adversario, y esperar su agotamiento.

Lo que está claro es que la política debe ser ya la gran protagonista. No se entiende que se sostenga, todavía, que el «conflicto» entre España y Cataluña «ya no puede resolverse con diálogo. Se llega tarde». Lo afirma el sociólogo Salvador Cardús, quien aconsejó a Artur Mas que cortara amarras e iniciara el camino hacia la independencia: «President, salpem», le espetó en un acto soberanista.

¿Hacia dónde?