Concursos de acreedores ‘zombies’
Cuando parece que nos enfrentamos a una nueva reforma de la Ley Concursal los legisladores mantienen en el olvido a los verdaderos protagonistas de las insolvencias, los concursados. En los últimos días ha salido a la luz el caso de Martinsa Fadesa. Se trata de una empresa con un convenio de acreedores aceptado pero que, con las circunstancias actuales del mercado, no ha podido cumplir sus compromisos. Esto ha generado una nueva palabra en el vocabulario concursal: Empresa zombi.
Escuché esta expresión hace unos años en un juzgado de lo mercantil. En aquellos momentos, las quiebras afectaban a unas pocas empresas. En general, medias y pequeñas. Presentaban su convenio y con la llegada de la crisis les fue imposible cumplirlo. Muchos de sus acreedores, personas jurídicas, había desaparecido. Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), aunque cada una va por su lado, se perdían en la maraña administrativas. En el peor y más ciego de los casos, simplemente derivaban la responsabilidad a los administradores. Nadie pedía el incumplimiento de convenio y la empresa quedaba en un estado social poco responsable.
Curiosamente, los máximos responsables de ejercer sus responsabilidades, los concursados, quedaban a expensas de la irresponsabilidad de las administraciones y acreedores varios. Empresas zombies que no tenían ni tienen ningún sentido. Sociedades desgajadas, en algún caso, de sus unidades productivas que acaban en el olvido de la mayoría. Nunca debemos olvidar que un concurso de acreedores es válido si tiene un fin. Dejar sin atar las empresas zombies es un castigo injusto. Aquel empresario que ante las dificultades primeras ha atendido sus obligaciones, ve que su buena decisión se eterniza y se convierte también en un caldo de cultivo para la rapiña de abogados y otras especies maliciosas.
Pedimos, por enésima vez, que los señores legisladores bajen a la calle. Ya no hablo del Ministro de Justícia, Alberto Ruíz-Gallardón, que con su estúpida prioridad por el aborto humilla a los verdaderos problemas de la justicia del país. Es muy correcto hacer eternas reuniones y casi cónclaves con jueces, políticos, economistas o abogados. Pero si no escuchan a un concursado su teoría no es valida. Los concursados no somos unos apestados, se trata de un grupo de gente que ha cumplido con su obligación. Personas que seguramente sabe como subvertir el sistema porque les han enseñado a hacerlo para sobrevivir. Gente que debe ser respetada y escuchada con suma atención.
Esta actitud de los legisladores y, como no, de de las administraciones públicas derivando responsabilidades es uno de los grandes problemas para emprender en este país. Gente emprendedora hay poca. Si encima les ponemos la losa del pasado nunca volverán al sistema. En este país, el grande o el pequeño, si te equivocas o tienes mala suerte no existe una salida posible. Al final, unos optan por irse y otros por manejarse en el mundo zombi. Unos y otros restan ingresos. Todo, por la ineficiencia de unos gestores más pendientes de un número que de una realidad.
Espero que esta columna sirva para reconocer un problema grave. Ya saben, desde este momento, si ven a una empresa zombi, no la culpen. Todo lo contrario, piensen que llego allí. La mayoría de las veces, por la desidia de los legisladores y administraciones públicas. Ellos sí son los verdaderos culpables del entuerto. Legisladores que lean este texto — administraciones no, que son unos mandados y deben cumplir la Ley– simplemente escuchen, pregunten y conozcan la realidad más allá de su despacho. Desde mi isla particular esperemos en breve ya sólo ver zombies en las películas. Las malas películas.