Cómo combatir el impacto fiscal de la inflación
Los catalanes pagarán, de media, 224 euros más en la declaración de la renta de este año sólo por el aumento de la inflación, la segunda comunidad más afectada después de la Comunidad de Madrid (240 euros)
La inflación está registrando cifras nunca vistas en las últimas cuatro décadas en las economías desarrolladas de todo el mundo. En 2021, en el conjunto del Estado español, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en un 6,5%, afectando a todas las regiones de forma más o menos homogénea. Esta situación, unida a la crisis energética y la guerra de Ucrania, está repercutiendo de forma negativa en el bolsillo de los ciudadanos.
Sin embargo, un elemento menos discutido es el impacto de la inflación en la fiscalidad, objeto de análisis del último informe del Instituto Ostrom publicado por el economista Santiago Calvo López. La inflación incrementa la factura fiscal de los contribuyentes sin que haya que subir los tipos impositivos, es decir, sin pasar por las Cortes. Esto sucede porque muchos contribuyentes pueden superar los umbrales exentos o las deducciones a los que tienen derecho en términos nominales, pero no en términos reales. Esto, de facto, provoca una reducción de éstos, siendo justamente los individuos con menores ingresos los más afectados.
Asimismo, ante aumentos nominales de la renta, los contribuyentes se ven empujados a tramos superiores de la escala de tipos aplicados en el impuesto, por lo que aumenta la carga fiscal sin que la capacidad económica haya aumentado. Esto se conoce como rémora fiscal o progresividad en frío.
La inflación incrementa la factura fiscal de los contribuyentes sin que haya que subir los tipos impositivos, es decir, sin pasar por las Cortes
Hablamos, por lo tanto, de un aumento de impuestos silencioso, encubierto. La Constitución se refiere a la capacidad contributiva y la STC 221/1992, de 11 de diciembre y 193/2004, de 4 de noviembre, prohíben taxativamente que se graven riquezas nominales, aparentes o inexistentes.
No actualizando los umbrales impositivos, el gobierno transmite la percepción de que las Administraciones Públicas no están sujetas a las mismas restricciones presupuestarias que hogares y empresas –recordemos que el gobierno ha aprobado subidas en las pensiones públicas (revalorización del 2,5%) y en los salarios de los empleados públicos (2%).
Esta sobrecarga fiscal es especialmente evidente en figuras que presentan estructuras progresivas como el IRPF. Según las simulaciones a partir de los microdatos puestos a disposición por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Sanz 2022), el sobrecoste fiscal asociada en 2021 asciende a 4.110 millones de euros, de los cuales 1.693 millones de euros se deben a la no indexación de las tarifas, mientras que los restantes 2.417 millones de euros se explican por los ajustes no aplicados en la definición de las bases imponibles y liquidables.
El sobrecoste fiscal asociada en 2021 asciende a 4.110 millones
En Cataluña este impacto será especialmente sangrante. En concreto, mientras que para el conjunto del Estado cada declarante asume un sobreesfuerzo de 199 euros, los catalanes pagaremos, de media, 224 euros más en la declaración de la renta de este año sólo por el aumento de la inflación, la segunda comunidad más afectada después de la Comunidad de Madrid (240 euros).
La solución a este problema pasa por deflactar o indexar las tarifas del IRPF para neutralizar el impacto de la inflación, como ya han anunciado los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, y como han ido haciendo a lo largo de los años las Haciendas forales vascas y navarras. ¿Qué supone en la práctica? Bajar los tipos de gravamen el mismo porcentaje que se suben las rentas gravadas. Si la inflación es del 5%, los umbrales de renta vigentes en el IRPF deben revisarse al alza un 5% para mantener el mismo nivel de presión fiscal efectiva y evitar que, en un contexto de precios al alza, el contribuyente acabe saltando de tramo y pagando más de lo que realmente debería si se tuviese en cuenta la evolución del IPC.
La Generalitat de Cataluña, y el resto de CCAA, tienes en sus manos deflactar la cuota autonómica del IRPF según el aumento del IPC, adaptando también reducciones, mínimos personales y familiares y deducciones.
