Cláusulas suelo: todos perdemos
Cuando a finales del pasado diciembre se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la total retroactividad en la devolución por parte de la banca de lo percibido de la clientela a causa de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, se presentó como un gran triunfo de la ciudadanía frente al sistema financiero.
En los medios de comunicación se palpaba una satisfacción incontenida ante el vuelco retroactivo que el Tribunal de Luxemburgo le asestaba al Supremo español tras su, por otra parte, ridícula sentencia alegando los perjuicios que podían representar para la banca una sentencia más generosa para los hipotecados, y por supuesto por la, –ganada a pulso-, pésima reputación de la banca en España.
Ciertamente, para todas las entidades afectadas con mayor o menor intensidad y tanto si habían provisionado, -total o parcialmente-, o no los efectos de una sentencia inesperada, el fallo del tribunal fue una muy mala noticia. Pero, ¿será realmente un éxito de los clientes frente a la banca? ¿Lo será también una posible generalización de la sentencia del Tribunal Supremo de hace más de un año considerando abusivas las cláusulas que obligan a los clientes a asumir todos los gastos de la escritura hipotecaria?
Sin duda pueden significar pírricas victorias para muchos detentores actuales o ex detentores de hipotecas que pueden ver como sorpresivamente se les giran en su favor las cláusulas de fijación de topes a la caída de los tipos de interés cargados en estos préstamos, u obtienen devoluciones en los costes iníciales de la hipoteca.
Sin embargo, dada la estructura de este mercado, la necesidad de la banca de mantener los escuálidos márgenes que actualmente penalizan sus cuentas de resultados, y la necesidad perentoria de asegurarse el cumplimiento de los renovados al alza coeficientes de solvencia, es más que probable que el resultado final de estos «éxitos judiciales» sea un encarecimiento generalizado no solo de las hipotecas sino de todos los servicios financieros en este país.
En primer lugar, esta «revolución judicial» del mercado hipotecario va a representar para los bancos lo que el presidente de Banc Sabadell calificó hace unos días de algo parecido al atraco del tren correo (entiendo que el de Glasgow), es decir un descalabro patrimonial importante que incidirá en unos balances todavía convalecientes de la reciente crisis hipotecaria y financiera.
En un sector que ha visto mermadas sus unidades y con ello el nivel de competencia, no será extraño ver una tendencia a trasladar a los precios de sus servicios para clientes futuros lo que ahora se verá obligado a entregar a antiguos clientes. En particular van a ser las hipotecas las más afectadas por el encarecimiento y de hecho el informe que el Banco de España publicó el pasado martes, la Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2017 ya percibe los primeros síntomas de este proceso.
En estas semanas desde la sentencia de diciembre no ha sido difícil comprobar como algunas ofertas bancarias de dinero se han endurecido al alza.
En segundo lugar, la retroactividad de la sentencia, la forma en la que un gran número de tribunales asumen que en contratos debidamente firmados ha existido por parte de las entidades de crédito una transacción no transparente o incluso fraudulenta, la facilidad con la que se declara la indefensión del cliente, y en general la inseguridad jurídica y la percepción de que el riesgo legal de muchas operaciones bancarias es mayor del que se tenía en cuenta y cuantificaba hasta ahora, va a repercutir sin duda en un progresivo encarecimiento y probablemente también en un endurecimiento de las condiciones de riesgo y un menor volumen, no solo de préstamos y créditos sino de otros productos financieros.
Nadie duda de que las grandes incidencias en la distribución financiera de los últimos años exigiría no solo una presión regulatoria de más calidad (que por cierto ya ha llegado o está a las puertas, como Mifid 2) sino un esfuerzo mayor por parte de los bancos en autorregulación, primacía del cliente, transparencia y control de los conflictos de interés, para recuperar la confianza del cliente y su reputación.
Sin embargo, no hay que olvidar que por encima de los escándalos y de las pérdidas patrimoniales ocasionadas, el problema más importante del sector sea probablemente la carga excesivamente elevada de costes, especialmente sobre el ahorro, en un sector sobredimensionado y por ello sometido todavía a una necesidad extensiva de reestructuración y de ganar eficiencia.
El resultado final de esta euforia absurda que ha levantado las cláusulas suelo o esta esperanza vana de los costes notariales hipotecarios va a ser muy probablemente una pérdida global importante para las entidades y para la clientela (para esta última un cierto trasvase: unos ganan para que muchos en el futuro pierdan), un deterioro de un mercado hipotecario que en términos internacionales era competitivo y asequible; y sobre todo un obstáculo que retrasará la imprescindible segunda o tercera ola de reestructuración del sector. En definitiva, un desastre con risas enlatadas de fondo.
