Censuras, torturas y mentiras en la España constitucional
Ya han pasado dos meses de ese 9 de noviembre de 2014 que, pase lo que pase, entrará en los libros de historia. Nunca antes el catalanismo político había planteado un reto de estas características al Estado. Y no es que en otras circunstancias históricas no hubiese habido tensiones. Las hubo y muy críticas, por ejemplo cuando el 25 de noviembre de 1905 miembros de una guarnición del ejército español asaltó al grito de «¡Viva España!», «¡Viva la nación española!», las redacciones del semanario satírico Cu-Cut! y de La Veu de Catalunya, portavoz de la Lliga Regionalista, por mofarse de la supuesta gallardía de esos militares en África.
¿Les recuerda algo esta manera de acabar con la sátira política? Pasan los años y la bestialidad es ahora patrimonio de otras intransigencias, lo que no nos ahorra ni la censura ni la tortura e incluso que el Estado haga uso de la mentira como recurso para abatir al adversario.
Se supone que en la España constitucional estas cosas ya no deberían pasar. Pero si repasamos un poco las hemerotecas nos damos cuenta de que sí, de que la sátira y la opinión siguieron siendo perseguidas después de 1978.
El caso más flagrante fue el cierre por orden judicial del diario vasco Egunkaria en 2003, que la policía relacionó maliciosamente con ETA. Finalmente, el 12 de abril de 2010, 7 años después de la clausura, la Audiencia Nacional absolvió a los 5 directivos del medio encausados por pertenencia a banda armada, entre ellos el director Martxelo Otamendi, quien denunció todo tipo de torturas: «El trato ha sido cruel y absolutamente inhumano. No hay derecho al trato recibido por Juan Mari Torrealdai, de 60 años, una eminencia de la cultura vasca. Me ha contado que ha recibido palizas tremendas, a Xabier Alegría le han practicado sesiones de «bolsa», a mí me lo han hecho dos veces… y en el caso de los otros no sé, he visto a Iñaki Uria y a Xabier Oleaga, pero no he podido hablar con ellos, no me han transmitido lo ocurrido».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó en 2012 al Reino de España a pagar 24.000 euros a Otamendi por no haber investigado de forma efectiva las presuntas torturas que sufrió durante su detención a manos de la Guardia Civil. No estamos hablando de hace mil años. Sólo han pasado dos.
En la sentencia absolutoria de 2010 se constataba que «el cierre del diario no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara», al mismo tiempo que se decía que «tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado».
Y después de esto, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. Y de las torturas tampoco no se acordó nadie, ni ese juez justiciero llamado Baltasar Garzón, ahora en la órbita de Podemos, quien en julio de 1998 ya había propiciado el cierre de otro diario vasco, Egin, con los mismos argumentos.
El famoso sumario 18/98 también quedó en casi nada, aunque no fue hasta el 2009 cuando los tribunales resolvieron, contrariamente a las anteriores resoluciones, que la actividad de Egin no era ilícita, a pesar de que condenase a prisión al director y a la subdirectora, Xabier Salutregi y Teresa Toda –los dos ya están en libertad– y a los miembros del consejo de administración Isidro Murga, Patxo Murga, Karlos Trenor, Xabier Alegria, Joxean Etxeberria, Pablo Gorostiaga, Jexux Mari Zalakain, Manu Intxauspe –todos ellos en prisión– y José Luis Elkoro –en prisión atenuada desde 2010–.
Tras siete años de papeleo, encarcelamientos y prohibiciones, lo que consiguió el Estado fue cerrar el periódico y Egin Irratia, la radio asociada al proyecto, pero no tapar la voz de los aberzales. Ahí están Gara y Berria para demostrarlo.
Claro está que si les hablo del cierre de periódicos vascos ligados a la izquierda radical, seguro que hay quien arguye a favor de esa violación de los derechos humanos que se lo tenían bien merecido. Pero pocos ciudadanos son conscientes que hasta el 2010, escribir en España sobre las andanzas, juergas y manejos económicos del Rey, los gastos opacos de la Casa Real e incluso las trapisondas de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, y del otro yerno real, Jaime de Marichalar, hoy ex de la infanta Elena, estaba totalmente prohibido en la mayoría de medios de comunicación españoles.
La decidida y honrada actuación del juez Castro en el caso Noos y el desparpajo de muchos periodistas se llevó por delante muchas cosas, entre ellas al viejo y disoluto Rey, quien en 2011 empezó a aplicar la censura, para evitar lo que después fue inevitable: su abdicación y olvido inmediato. Al ex Rey se lo quitan de encima los españoles como los catalanes no quieren saber nada de Pujol.
No hay peor censura que la autocensura. Eso es lo que pasó con la retirada de el número de la revista El Jueves sobre la abdicación. A diferencia de la sonada censura que la revista satírica sufrió en julio de 2007 como consecuencia de otra portada relacionada con la Familia Real –en aquella ocasión mostrando desnudos y fornicando al príncipe Felipe y su esposa Letizia Ortiz–, en esta ocasión la retirada del número no fue por vía judicial, sino que fue ordenada la propia editora de la revista, RBA.
El Jueves censurado en 2014 llegó a los quioscos con un día de retraso y una cubierta nueva, protagonizada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en vez de la original de Manel Fontdevila en la que el rey Juan Carlos hacía entrega a su hijo de una corona repleta de mierda.
La portada sobre la «casta» fue sustituida, mira tu por dónde, por ese otro vendedor de maravillas, que debe gustar más al propietario de RBA, Ricardo Rodrigo, un ex guerrillero argentino afincado en Barcelona desde el 1971, que en 1981 creó (con Carmen Balcells y Roberto Altarriba, de ahí el sello RBA) uno de los actuales grupos editoriales punteros en España, con más de 50 revistas de variada temática (Lecturas, El Mueble, National Geographic en castellano), con una facturación reconocida de 286 millones en 2013.
El cambio de portada provocó la dimisión en cadena de los dibujantes de la revista. También es verdad que el primer número de la revista El Jueves, de 1977 y cuando aún no estaba en la órbita de RBA, ya fue censurado porque las autoridades competentes consideraron la portada, dónde se podía leer «Elecciones: España va de culo», una ofensa a la patria.
El número ocho del mismo año, volvió a ser censurado, en este caso por ofensas a la Iglesia Católica, en relación con el «Cisma de Lefèbvre» y la «Fraternidad de San Pío X». En fin, que la censura en España tiene ese sabor natural que ya denunció Mariano José de Larra, ese romántico español del siglo XIX que como escritor político y de costumbres, como autor teatral y novelador, fue un ironista, que es lo único que se puede ser ante quien quiere cerrarte la boca por la fuerza porque no comparte tus ideas.
Pero a veces ocurre lo contrario y la prensa se convierte en adalid del libelo y en mera correa de transmisión del poder, como cuando se autoimponía la censura sobre la Familia Real. El presidente Artur Mas lo pudo comprobar durante la campaña electoral de 2012, al aplicarle la misma estrategia que en los años noventa se aplicó al caso vasco y al entorno aberzale, pero hablando de dinero, que es lo que se lleva hoy, y da más rédito.
En España ya sólo provoca escándalo humano el terrorismo islamista. El periódico que provocó el linchamiento del presidente dando crédito al falso informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuando quedó claro que las cuentas en Suiza no existían se justificó alegando que con el caso Pujol habían acertado. El acierto en un caso, como diría el juez que absolvió a los directivos de Egunkaria, no enmienda la mala fe evidente de las informaciones falsas que algunos periodistas difundieron sin ningún reparo.
Lo cierto es que, según manifestó el periodista Ernesto Ekaizer en una entrevista en Catalunya Radio, las cloacas del Estado están concentradas desde 2012 sobre Cataluña, en un intento de frenar el proceso soberanista. Según Ekaizer, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, está implicado «hasta las cejas» en esta estrategia, así como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que debería dedicarse a otros menesteres.
Al alcalde Xavier Trías la policía le hizo la misma jugada que a Mas, pero duró lo que duró, que fue muy poco, a pesar de la mala leche de muchos medios y la saña del ministro. Al final, el juez archivó las diligencias poco antes de las últimas Navidades. No hay peor censura que la autocensura he escrito un poco más arriba, pero si lo pienso mejor, me doy cuenta que existe otro delito peor, que es inventarse una noticia para derribar al rival y desprestigiar sus ideas. Ese ¡Viva España!, ¡Viva la nación española! de 1905 no puede justificar nada hoy en día. Menos aún la mentira. Toda mentira, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, socaba la democracia.
Cuantos más días pasan, más siento la tentación de aconsejar al presidente Artur Mas, si es que necesita algún consejo, que avance las elecciones y consiga esa mayoría necesaria para poder doblegar al Gobierno español. España no va a cambiar ni con el PP ni con el PSOE ni tampoco con nuevos santurrones de Podemos, a tenor de sus antecedentes, de sus acompañantes actuales y de sus ambiguas propuestas, cuando las hay, sobre el ejercicio de la democracia.
El presidente Artur Mas lo sabe, como también sabe que el anticipo electoral sólo tiene sentido si se convierte en el instrumento para visualizar la victoria clara de los independentistas. Cualquier otro escenario sólo dará la victoria a los unionistas, sean de derechas o de izquierdas.
Quien sea tan ingenuo para pensar que el Estado no va a utilizar todos los medios a su alcance para derrotar al soberanismo y enchironar al presidente Mas si no atiende a razones (vean como la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ve indicios de «desobediencia» en Mas y sus consejeras) es que, sencillamente, no sabe ni un ápice de historia contemporánea de España.
Lo que les acabo de contar es el pan nuestro de cada día y puede repetirse una y mil veces. «Pensar, debatir y escribir» en la España constitucional, declaró el juez Santiago Vidal ante la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsarle de la carrera judicial por participar en la redacción del borrador de una Constitución catalana, no es que sea difícil, es simplemente imposible cuando lo que se pone en tela de juicio es ese relato de nación indivisible que animó a los militares de 1905 a destruir rotativas.
