Cataluña tiene que mirar el espejo vasco
El acuerdo suscrito entre el PNV y el PSE tiene una virtud primigenia. Está amparado por los límites de la Constitución. Se trata de profundizar en las competencias del Estatuto de Gernika, desbloquear transferencias pendientes y modificar el contenido del Estatuto para adaptarlo a los cambios sucedidos desde su entrada en vigor.
Hay algunos matices. La definición de Euskadi como nación, es uno de ellos. No es un inconveniente, siempre que no intente conllevar un cambio de la situación jurídica de este concepto que choque con la indivisibilidad de la soberanía que radica exclusivamente en las Cortes Generales. No hay inconveniente legal a una definición de Euskadi como nación, siempre que no se pretendan efectos jurídicos ni constitucionales.
La ampliación de competencias se sitúa en las posibilidades que brinda la Constitución de transferir servicios y capacidad legislativa autonómica propia, para ampliar los márgenes de la autonomía política y administrativa.
El nacionalismo, por definición, es insaciable. Siempre querrá más en la búsqueda de la ensoñación de la independencia. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), al contrario de los partidos nacionalistas catalanes, es pragmático. Quiere una Euskadi próspera, con desarrollo económico sostenible. Se encuentra cómodo en la actual situación y es consciente de que no hay una pulsión separatista creciente en sus ciudadanos. La pacificación de Euskadi, después de los años de plomo de ETA, ha sido un bálsamo para la sociedad civil y un carril que permite su desarrollo industrial y económico.
Probablemente nadie habría creído, hace unos años, que la tensión independentista estaría ubicada en Cataluña y la estabilidad institucional en Euskadi. La propia elección del PSE como socio de gobierno del PNV indica claramente cuál es el proyecto político del nacionalismo moderado en Euskadi.
Mariano Rajoy ha entregado a Soraya Sáez de Santamaría el complicado encargo de buscar una salida al bloqueo político que existe en Cataluña. No es fácil, pero se ven algunas luces al final del túnel. Y el ejemplo vasco puede ser importante.
El escenario político catalán ha cambiado profundamente. Lo que ayer era Convergència Democrática de Cataluña (CDC) en coalición con Unió Democrática ha perdido la hegemonía de la que gozó durante muchos años. Con esta situación, también se ha perdido la influencia catalana en el gobierno de España. Siempre fue CiU un socio importante. Y utilizó su capacidad de diálogo para sacar ventajas para Cataluña y participar en la estabilidad de toda España.
Convergència eligió un camino en donde tenía competidores, que ha hecho socios y que le han dado un verdadero sorpasso. Se ha puesto en manos de Esquerra Republicana. Y ésta le ha comido la merienda.
Convergència significaba la centralidad catalana. Ahora, inmerso en las fuerzas que quieren forzar la Constitución para conseguir la independencia, corre el riesgo de seguir perdiendo posiciones en el tablero catalán. Harían bien en mirar el espejo vasco.
Euskadi es probablemente la comunidad española que mejor gestiona sus servicios públicos, que mantiene un crecimiento estable de su economía y cuyos índices de paro son mucho mejores que en el resto de España.
Solo la inercia impide que Cataluña se hunda, a pesar de que su situación financiera y fiscal es insostenible. Sin la ayuda económica del gobierno español, sin su financiación, podría haberse producido una catástrofe. El Gobierno de la Generalitat está hipotecado por la CUP y la estabilidad social se consigue profundizando en la ensoñación independentista que se ha mostrado un camino sin salida. Apenas se legisla porque el Govern está hipnotizado con el proceso secesionista.
Las fuerzas políticas catalanas que sustentan el independentismo como señuelo y como el bálsamo de Fierabrás que todo solucionará, tienen que buscar la forma de dar macha atrás y reconducir los anhelos de los catalanes siguiendo el ejemplo vasco. La búsqueda de la prosperidad, una gestión inteligente y eficaz de los servicios públicos y sendas de crecimiento de su economía.
Y desde el gobierno y el parlamento español hay que facilitarles el camino de esa rectificación. La reforma de la Constitución y una revisión de su sistema de financiación autonómica pueden ser los mimbres adecuados. Pero para ello primero debe existir diálogo.
La rectificación es complicada, porque se ha llegado lejos. Pero ha sido necesario ver el abismo de que fuera de la ley no hay espacio político para que la revisión del plan de ruta sea inaplazable.
