Cataluña resucita el alquiler de Franco
La Generalitat importa un modelo de control de precios fallido que se asemeja al sistema franquista de arrendamiento que atrasó a España frente a Europa
El control de precios jamás ha funcionado. La fijación arbitraria de un precio por parte del poder político siempre acaba igual, generando escasez del producto en cuestión cuando el límite establecido es inferior al valor real de mercado. Esta ley básica de la economía se ha demostrado en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, pero parece que algunos gobiernos, ya sea por pura ignorancia o intereses de lo más variados, están dispuestos a tropezar una vez más en la misma piedra. Es el caso de la Generalitat de Cataluña y su nueva ley del alquiler, cuya aprobación tuvo lugar la semana pasada.
La normativa, que contó con el apoyo de nacionalistas y grupos de izquierdas, limitará las rentas en los 60 municipios de mayor población, de modo que no podrán superar el Índice de Referencia que marque el Gobierno regional, impidiendo incluso las subidas en los nuevos contratos de viviendas que ya estaban alquiladas aun cuando se sitúen por debajo de dicho índice. Tan sólo quedarán excluidos de su aplicación los inmuebles nuevos de menos de tres años y los reformados, así como los propietarios que ingresen menos de 2.000 euros al mes.
La renta antigua franquista
Lo primero que cabe señalar es que, por desgracia, no se trata de algo nuevo. Este tipo de controles han estado vigentes en España durante décadas y es una de las razones por las que el mercado del alquiler ha estado congelado tanto tiempo, a diferencia de lo que sucedía en la mayoría de países europeos. Franco implantó en los años 60 la denominada renta antigua, que, entre otras medidas, impedía actualizar los alquileres y obligaba a prorrogar los contratos de forma indefinida, con la consiguiente ruina del propietario.
Y todo ello bajo el argumento de que “el movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político”. Un párrafo que, pese a su inspiración falangista, firmaría sin dudar la mayoría de la izquierda española.
La Generalitat resucita ahora un modelo similar, ya que esta nueva ley anula los precios de mercado, fruto de la ley de la oferta y la demanda, por la cual arrendador e inquilino acuerdan libremente la renta a abonar. Y lo hace en contra de la abundante evidencia empírica disponible sobre la materia. El control de alquileres ha fracasado en todas y cada una de las ciudades que la han aplicado. Los casos estudiados demuestran que esa limitación acaba reduciendo la oferta, generando con ello escasez y precios mucho más elevados en el mercado negro, junto con un apreciable deterioro de las viviendas en alquiler afectadas por la normativa.
Listas de espera y falta de oferta
Ejemplos hay muchos. Los límites que impuso París redujeron en un 15% la oferta de vivienda en alquiler, con el consiguiente encarecimiento, mientras que el intervencionismo que aplica Estocolmo ha convertido casi en misión imposible encontrar piso, hasta el punto de que existen listas de espera de años debido a la falta de oferta.
Es muy posible que la nueva normativa catalana decaiga tarde o temprano, puesto que es claramente inconstitucional, pero el daño, en gran medida, ya está hecho, dado que lanza una señal nefasta a propietarios e inversores. Como consecuencia, en Cataluña será más difícil y caro alquilar una vivienda a partir de ahora.
