¡Catalanes, hay Estado en Cataluña!
Una de las quejas más frecuentes, lamentos que llegan desde las filas del PP catalán, pero también de los socialistas, es que las políticas y las inversiones de la administración central en Cataluña no se dan a conocer. Podría ocurrir que no existieran. Pero el problema es que se explican poco, o mal. Uno de los mitos que se ha edificado con el tiempo en el PP es que nadie contaba mejor las cosas del Gobierno que Josep Piqué. En su etapa de portavoz del Ejecutivo de José María Aznar, Piqué exhibía toda su capacidad oratoria. Y, cuando el PP ha tenido algún problema –aunque no circunscritos a Cataluña, sino al conjunto de España– siempre se ha acabado diciendo que había un déficit de comunicación.
La cuestión, sin embargo, es otra. En el discurso político se han confundido los términos, de forma voluntaria por parte los nacionalistas, sin obtener respuesta en el otro lado. Se dice que Cataluña no tiene un estado, que necesita uno propio. Y sí que lo tiene. De hecho, la Generalitat es Estado. Por eso cuando se dice que el «Estado invierte en Cataluña» se comete un error. En todo caso, lo correcto es decir que la Administración central del Estado invierte en Cataluña.
Porque el Estado ya está en Cataluña. ¡Hay Estado en Cataluña! Una prueba de ello es el papel del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que dirige Jordi Cornet. Después de un importante saneamiento, con unos beneficios de 4,5 millones de euros en 2015, cuando en 2011 se había producido un déficit de 12 millones de euros, el Consorcio puede ahora exhibir algunos proyectos que redundarán en el conjunto de la sociedad catalana.
El Consorcio, además, prueba que es posible que ese Estado, que los soberanistas ven como enemigo, pueda colaborar con otras administraciones, con el Ayuntamiento de Barcelona, en concreto, confundador junto con el gobierno español en 1916, por lo que celebra este año su centenario. Jordi Cornet ha logrado un pleno entendimiento con la alcaldesa Ada Colau. Los dos han sabido aparcar sus diferencias políticas para establecer acuerdos en beneficio de los ciudadanos. De hecho, podríamos decir, que para esto deben servir instituciones públicas como el Consorcio de la Zona Franca.
Y los proyectos existen. El Consorcio trabaja especialmente en cuatro: el proyecto del barrio de la Marina, con la previsión de 1.500 viviendas, equipamientos y servicios; los cuarteles de Sant Andreu; con la previsión también de viviendas sociales; el gran centro comercial de la City Mollet, y la ampliación de la Zona Franca Aduanera. Cornet quiere que antes de diciembre se pueda convocar un concurso público para buscar un socio privado en cada uno de los proyectos para desarrollarlos a la vez.
El Consorcio ha sacado la cabeza, porque está saneado y lo puede hacer, para convertirse en uno de los principales operadores públicos con viviendas programadas en Barcelona. La intención es que se coloquen en el mercado con colaboraciones con entidades promotoras y económicas, como las del grupo Caixabank.
Se dirá que todo se pudo haber hecho mucho antes. Y es cierto. El poder público en Cataluña nunca ha apostado por un parque de viviendas sociales. Lo dejó en manos del mercado, y cuando llegó la grave crisis económica todos se pusieron las manos a la cabeza, y el gobierno de la Generalitat impulsó medidas precipitadas que lo único que han provocado es un choque con el Gobierno central.
El problema es que el conflicto ha sido entre dos administraciones, no entre dos estados, como los soberanistas han querido difundir. Porque el Estado está en Cataluña, y actúa, y lo que debe hacer es ser más eficaz y explicar lo que hace, difundir que instituciones como el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona son útiles, y que posibilitan que Gobierno central y ayuntamiento de Barcelona, de colores políticos distintos, puedan colaborar estrechamente.
