Anoten este dato: de promedio, un metro cúbico de agua potable llevado a nuestro domicilio cuesta un euro y son 1.000 litros; si adquirimos esa misma cantidad de agua envasada en un supermercado, el coste son 1.000 euros. Otro más: la factura media de un ciudadano en telecomunicaciones ronda los 400 euros anuales; la de agua, unos 80. Grosso modo, por supuesto.
El agua es un bien público. Su distribución, saneamiento y gestión se realiza mayoritariamente en régimen de concesiones a empresas operadoras, que es lo que pagamos en el recibo. Es la fórmula más habitual en los países desarrollados. En Catalunya, la ley de acompañamiento de los presupuestos ha introducido una serie de cambios que suponen, en la práctica, cambiar los límites del campo de juego a mitad del partido.
Hay una rebelión de las empresas concesionarias contra la Administración como no se había conocido. ¿Por qué? Es bien sencillo: el canon de agua se eleva en los Presupuestos de la Generalitat hasta en un 10%. La Agencia Catalana del Agua (ACA), el organismo público que regula el sector en nombre de la Generalitat y que dirige Leonard Carcolé, ha abierto una cruzada contra las concesionarias para cobrar el canon, que ahora pagarán doblemente los usuarios y las empresas encargadas del suministro. Les piden que sean más eficientes y absorban la subida con sus márgenes de beneficio. Las compañías, sin embargo, sostienen que el margen es ya inapreciable y que por más eficaces que sean la realidad no da para más.
La situación de la ACA es terrorífica: ingresa unos 450 millones anuales en concepto de canon, pero tiene una deuda imponente (1.250 millones de euros, con unos intereses diarios de 150.000 euros) y una imposibilidad manifiesta de refinanciarse en el mercado bancario. El corolario: la entidad que construye las infraestructuras (canalizaciones, depuradoras, desalinizadoras…) está en virtual bancarrota. Si no fuera una entidad pública, sus libros contables habrían visitado posiblemente el juzgado a instancias de algún proveedor.
CiU ha decidido que paguemos más los usuarios y que contribuyan las empresas concesionarias. El PP, que le da apoyo político sin quemarse las pestañas públicamente, no lo ve claro. Mientras unos y otros se aclaran con el asunto, Cardolé ha cambiado también las reglas de recaudación del IVA. Todos los especialistas tributarios de cierto nivel aseguran que se ha equivocado y que su error le costará a la ACA unos 100 millones de IVA de entrada y unos 20 más anuales por su empecinamiento. Dinero, está claro, que se irá a las arcas centrales de Hacienda, en Madrid, mientras aquí se debate acaloradamente sobre el pacto fiscal y el déficit catalán…
Todo esto no pasaría de un episodio más de batalla política entre castas dirigentes si no fuera porque en el epicentro de este terremoto líquido conviven un heterogéneo número de empresas concesionarias que pueden sufrir de manera clara el impacto de tanto despropósito. Aguas de Sabadell; de Terrassa; de Manresa; Aqualia (de FCC, en Lleida); otras incluso más pequeñas… y el gigante Agbar se quejan de que nadie haya tenido en cuenta su existencia a la hora de adoptar medidas como la del canon del agua o el IVA. Varias son cotizadas, incluso alguna tiene socios extranjeros que se miran el asunto con mayúscula sorpresa. Las más pequeñas pueden entrar directamente en pérdidas por la aplicación de las medidas y, por ejemplo, en Lleida puede acabar subiendo hasta un 30% el precio que se pague por el agua.
Está claro que el concepto de copago (o repago como le llama alguna izquierda) no se circunscribe a la sanidad catalana y al euro por receta que se aplicará en julio. El copago se extiende como una mancha de aceite a muchos otros ámbitos. El del agua es un capítulo más de una reformulación del sector público catalán bajo la coartada de la crisis. Es un debate ideológico que merece una reflexión más profunda de la que puede abarcar este artículo. Pero lo que tiene menor discusión es que cuando se toman decisiones de estas características los impulsores del asunto sean tan incompetentes que se muestren incapaces de hallar espacios de consenso público.
Es una realidad que los catalanes estamos con el agua al cuello. Sin embargo, algunos de nuestros dirigentes prosiguen enrocados en el autoritarismo, el error redundante y la crítica al pasado mientras se arriesgan a ahogar a la ciudadanía con decisiones no siempre meditadas y consensuadas. El Govern de Mas sustenta parte de sus actuaciones en la incomparecencia del adversario socialdemócrata y de ahí que a nadie le extrañe que se sientan fuertes para llevarnos a unas nuevas elecciones en 2013. Revalidarán, sin duda, pero algunos catalanes que hoy tienen el agua al cuello quizá ya se habrán ahogado para entonces.
