Caso Palau, más de siete años sin juicio
Justicia lenta no es justicia. El aserto se confirma una vez más, y ya son muchas las ocasiones en que la lentitud judicial nos demuestra la ineficacia de la Justicia en España. Llevamos ya más de siete años desde el comienzo del caso Palau y seguimos todavía a la espera de que se fije la fecha para el inicio del juicio oral sobre uno de los más importantes casos de corrupción institucional, política y social que se han producido en Cataluña en las últimas décadas.
El caso Palau, conocido también como caso Millet, saltó a la luz pública en junio de 2009. Sucedió cuando, tras el archivo en 2002 de una denuncia anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña sobre un supuesto desvío de fondos de la Fundación Palau de la Música para fines privados de su presidente, Fèlix Millet, y después también que el mismo 2002 la Sindicatura de Comptes de la Generalitat informara a la autoridad competente de varias anomalías en la gestión de la citada fundación, la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Millet y otros tres directivos del Palau de la Música Catalana.
El gran escándalo que aquella querella produjo en su momento en la sociedad catalana fue enorme. Nada más lógico, puesto que el Palau de la Música Catalana es, más allá incluso de la importancia arquitectónica del gran edificio diseñado por Domènech i Montaner, una de las más genuinas señas de identidad del catalanismo, además de ser la sede histórica de una entidad tan prestigiosa como el Orfeó Català.
Aunque hubo algunas voces que intentaron atribuir algún tipo de intencionalidad política en la iniciativa de la Fiscalía de Barcelona, pronto quedó claro que las acusaciones tenían fundamentos sólidos y, más importante aún, trascendían el ámbito estricto de la Fundación Palau de la Música y del Orfeó Català, ya que entraban de lleno en el terreno de la política y afectaban también a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Las confesiones públicas de los dos principales inculpados, el ya citado Fèlix Millet y su subordinado Jordi Montull, reconociendo ambos cuantiosos desvíos de dinero para sus fines exclusivamente privados, pusieron al descubierto mucho más que un caso más de enriquecimiento personal ilícito de unos individuos concretos. Quedó al descubierto también un complejo entramado de contabilidad paralela creada con la finalidad de financiar de forma ilegal a CDC y algunas de sus fundaciones, mediante el pago de comisiones de grandes empresas, como la constructora Ferrovial, y también otras sociedades de menor entidad, al partido fundado por Jordi Pujol.
Después de una investigación judicial lenta y premiosa, dilatada por espacio ya de más de siete largos años, y cuando todo parecía listo para fijar la fecha definitiva para el inicio del juicio oral, una cuestión formal ha embarrancado de nuevo el caso Palau. Las elevadas penas de prisión solicitadas por la acusación ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) -37 años para Fèlix Millet y 25 para Jordi Montull- pueden impedir que el caso sea tramitado por el denominado procedimiento abreviado y deba llevarse a cabo por el llamado procedimiento del sumario, todavía más lento, evidentemente.
No deja de ser como mínimo chocante que un procedimiento abreviado pueda prolongarse durante más de siete años. Pero a uno le escandaliza pensar qué puede acabar sucediendo si el cambio de procedimiento judicial dilata aún más el juicio de un caso como este, que no solo afecta de lleno a las 16 personas inculpadas y a las instituciones a las que supuestamente estafaron cantidades millonarias, sino que afecta también, y de una manera muy grave, a una formación política tan importante como fue la ya extinta CDC, hoy reconvertida, al menos por ahora, en el Partit Demòcrata Català (PDC).
Bien cierto es que justicia lenta no es justicia. Pero mucho menos justicia es cuando no llega ni tan siquiera a enjuiciar, condenar o absolver. Deben ser cosas del oasis catalán, en el que la poca agua existente parece de cloaca.
