El paseíllo de los ‘celebrities del procés’ ante el juez Llarena

La mística del insurgente es atractiva para los partidarios de su causa. Ser rebelde es cool. Los insurrectos tienen groupies, no solo seguidores. Lo difícil para el rebelde no es ser arrojado ante los suyos, sino serlo frente al adversario, particularmente si éste es un magistrado del Supremo y va armado con el Código Penal. En Cataluña abundan los insurrectos de salón, pero cuando las cosas se ponen difíciles, el valor y la coherencia con las ideas es más escasa.

El integrismo político de la CUP recuerda a veces el puritanismo de la extrema izquierda de antaño: limitación de mandatos (uno para el Parlament; dos para ayuntamientos); sueldo máximo de 2.5 veces el mínimo interprofesional…Esa especie de franciscanismo laico no pasa de ser un adanismo irritante, pero en ocasiones sirve para sacar los colores a sus propios socios independentistas.

Es lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando Mireia Boya se convirtió en la primera figura imputada del independentismo en reconocer ante el Supremo que la Declaración Unilateral de Independencia no era “simbólica”. La líder cupaire en la anterior legislatura merece el crédito de haber sido coherente con sus convicciones, sin reparar en que podía acabar en una celda ello.

Es posible que el magistrado Pablo Llarena pensara algo parecido. O, quizá, solo consideró que la declarante ya no es un peligro para el Estado. El caso es que la dejó en libertad, a diferencia de lo que había hecho con Junqueras, Sánchez, Cuixart o Forn. Al concluir su testimonio, Boya lanzó una admonición dirigida a Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas y Neus Lloveras para cuando se presenten en las próximas horas ante el juez: “espero que sus declaraciones se parezcan a la mía”.

Anna Gabriel tiene más posibilidades de acabar en Alcalá Meco

Lo que falta saber es si el llamamiento será atendido por su correligionaria Anna Gabriel. La propia CUP, apremiada por una información de El Periódico, tuvo que admitir el sábado que la ex diputada catalana (que ya pidió una prórroga para su cita original en el Supremo la pasada semana) está en Suiza “preparando los detalles de su defensa” y no en Venezuela como se especulaba.

Que lo esté haciendo con Olivier Peter, un abogado ginebrino especializado en extradiciones que en el pasado ha representado a miembros de ETA, induce a pensar que entre sus planes no figura seguir el consejo de Boya. Y es que, a diferencia de su compañera, Anna Gabriel tiene más posibilidades de acabar en Alcalá Meco. Si es así, la CUP habrá llevado su papel de árbitro moral del procés hasta las últimas consecuencias: se habrá sacado los colores a si misma.

Últimamente hemos oído, mediante audios filtrados o en entrevistas en los medios, diferentes racionalizaciones sobre la finalidad “simbólica” de la DUI. Cuando Mireia Boya, sea por principios o por vanidad, dijo que no era “cosmética”, que iba serio, me vino a la cabeza ese viejo chiste de vascos sobre “ir a por setas o a por Rolex”. ¿Ibamos a por la independencia o resulta que sólo íbamos a forzar un diálogo con Madrid? Parecía decir Boya, puño en alto, a los diletantes del procés.

La actitud contrasta con la de Santiago Vidal. El juez en excedencia y militante de ERC le hizo un roto al independentismo al alardear de que el Govern disponía ilegalmente de los datos fiscales de todos los catalanes. Hubo todo tipo de desmentidos; se forzó su dimisión como senador y, tanto propios como extraños, le tacharon de exagerado y cantamañanas. Un insurgente de salón, vinieron a decir, que terminó por aficionarse demasiado a la adulación de los groupies?

La falta de coherencia compromete la confianza que un político solicita de sus seguidores

Ahora, cuando ha tenido que declarar ante el juez que investiga las afirmaciones que hizo durante meses en los actos de Esquerra, resulta que no tenía esos datos. Ni tampoco una lista de 300 jueces afines; ni el Mossad israelí colaboraba secretamente para crear el CNI catalán; ni existían planes para que un innominado país de la OTAN defendiera a Cataluña tras la DUI… El juez Santi “meramente transmitía en los mítines una realidad que no existía”.

Uno es dueño de sus silencios y reo de sus palabras, dice una sabia máxima. Hay personajes que no pierden una oportunidad para hablar, incluso cuando lo inteligente es callar. Vidal es un ejemplo. Sin un papel claro en la jerarquía independentista, su agenda para progresar era convertirse en un celebrity del procés. Hasta quedó devorado por su sus palabras.

Un general inglés dijo que “la prudencia es la parte más importante del valor”, aunque lo dijo para justificar una embarazosa retirada frente al enemigo. Es injusto acusar de falta de valor a quienes cuentan ante la Justicia versiones de los hechos de septiembre y octubre que contradicen su retórica pasada (sobradamente registrada en hemerotecas y archivos audiovisuales) o los acontecimientos que todos hemos presenciado.

La ley permite a un imputado decir lo que quiera –incluso mentir—para evitar ser condenado. En lo estrictamente personal, por tanto, es perfectamente legítimo que cada uno se defienda como la ley, sus abogados y su conciencia le aconsejen. Pero, en la esfera de lo político, esa falta de coherencia compromete la confianza que un político solicita de sus seguidores. Es importante tener palabra siempre, no solo cuando conviene.

La cárcel ha silenciado a Junqueras para beneficio de Puigdemont

La cuestión es relevante respecto de Carles Puigdemont. Prometió que se retiraría pero huyó a  Bélgica para montar un movimiento a su medida con el que ahora logra mantener rehén a Cataluña. El articulo del director de ED, Marcos Pardeiro, sobre los pretorianos que le rodean en Bruselas revela lo que ocurre cuando la insurgencia de salón, imbuida de algo cercano al fanatismo (el término es mío, no de Marcos), atraviesa el espejo de Lewis Carroll e insiste en detentar el poder.

Oriol Junqueras, en cambio, no salió corriendo el 28 de octubre. Pero en el milieu bruselense –y, en general, en todo el universo independentista— está mal visto recordarlo porque afea el comportamiento del ex president, análogo al del general inglés antes citado.

La cárcel ha silenciado a Junqueras para beneficio de Puigdemont. Otra voz republicana apagada, aunque por decisión propia, es la otrora apasionada Marta Rovira, cuyos sollozos pusieron la nota de emotividad al procés. Será interesante oír el tono y el contenido de su relato cuando declare ante el juez. En especial, después de que su tocaya del PDeCAT, Marta Pascal, haya adelantado ya en una entrevista en La Vanguardia el tenor de su declaración: “volver a legalidad del Estatut”.

Los detalles que van trascendiendo del paso de los líderes independentistas ante los jueces producen pudor. La contrición mostrada por Carme Forcadell ante el juez Llarena para evitar ser encarcelada difiere de su inflexibilidad en la bronca sesión del Parlament el 6 y 7 de septiembre. Afirmó, entre otras cosas, que “daba curso a las iniciativas que me presentaban sin leerlas”. Si eso es verdad, reconoce una irresponsable e inaudita parcialidad. Y si miente, es insólitamente torpe por ser incapaz de idear una excusa mejor.

Los insurgentes todo el derecho a decir lo que quieran ante el juez, pero que “dejen de joder”

El error de Forcadell y de los demás dirigentes que se enfrentan a una maquinaria judicial inclemente, es que se sintieron impunes. El soberanismo justificó la unilateralidad a fuerza de repetir que en Cataluña no hay libertad política. La ironía es que esa libertad es, precisamente, la que generó en ellos una falsa complacencia: cuando forzaron sus límites (un referéndum ilegal y sin garantías, una proclamación de la república…) no consideraron que el Estado reaccionaría.

Quien suscribe ha criticado la responsabilidad que le incumbe en el actual desaguisado al Gobierno (y a los anteriores), particularmente a su presidente, Mariano Rajoy. Pero hoy no toca abundar en ello. Tampoco incidir en lo debatible que resulta que el aparato judicial —por la sujeción de la Fiscalía General del Estado al ejecutivo de turno y por la facultad cuasi-ejecutiva dada al Tribunal Constitucional— sea el ámbito más eficaz y más constructivo para abordar el mayor problema que afecta a España y Cataluña.

Hoy toca hablar de convicciones y del carácter de los políticos del procés, inopinadamente puestos de manifiesto por Mireia Boya. Ella ya no es diputada; por tanto, no participa de en la opereta bufa que, haciendo honor al dicho de que cuando una tragedia se repite, lo hace en clave de comedia, se desarrolla entre la Plaza de Sant Jaume y el suburbio bruselense de Waterloo.

Pero la mayor parte de la dirigencia soberanista repite en la nueva función. Los insurgentes de salón tienen, a título personal, todo el derecho a decir ante el juez lo que deban para defenderse. Pero, políticamente, es exigible que, como en la canción de Serrat, “dejen de joder”. Intentaron logar la independencia, no lo logaron y –entre todos— han creado una situación tan grave y tan profunda que amenaza con facilitar una involución que nos va a devolver, como poco, a la casilla de salida de 1978.

El juez Vidal, sin querer, es quien mejor ha descrito el despropósito de los últimos años: “una realidad que no existía”. Insistir en reeditarla, con los mismos personajes, es sencillamente insoportable.