No es una afirmación nacionalista ni tiene nada que ver con la campaña ciudadana (#salvemcacaolat) que se ha puesto en marcha en las redes sociales. Al contrario, lejos de esas tesis ombliguistas, de vuelo gallinaceo, que invaden nuestra vida cotidiana en Catalunya, existen poderosas razones que nos deberían provocar una reflexión seria, desapasionada y de carácter económico sin dejarnos influenciar por sentimentalismos superfluos o moralinas catalanistas.
Veamos. Cuatro grupos han presentado ofertas por los restos de Cacaolat. Esta es una empresa con una marca prestigiada, bien implantada en el territorio y con suficiente mercado como para mantenerse sin problemas. Cuando Parmalat la vendió, algún tipo de conexión divina logró que desde la Roma religiosa la propiedad se traspasase a un contumaz venerador de la virgen. Me refiero al dantesco José María Ruiz-Mateos, que ha provocado con su irresponsabilidad empresarial manifiesta la situación de ahogamiento que vive la empresa.
El Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona ha recibido, en su condición de administrador concursal de Cacaolat SA, cuatro ofertas: Vichy, Victory Corporate (en nombre de Cobega y Damm), Central Alimentaria Peñasanta (CAPSA) y Roures. La última de ellas ha sido descartada directamente por el magistrado, habida cuenta que no cumplía los requisitos mínimos que los administradores concursales consideran imprescindibles. Al final, la próxima semana se decidirá quién se queda con la compañía del popular batido de chocolate entre una oferta asturiana y dos de grupos catalanes.
Reitero, no es una diatriba nacionalista, pero la oferta asturiana es inaceptable. CAPSA, que cuenta entre sus empresas satélites a Central Lechera Asturiana, está en una situación económica declinante. Basta con mirar sus cuentas en el registro mercantil para advertir esta situación y cómo disminuye su apuesta por el empleo. Pero, aunque ha optado con 55 millones de euros a la compra, la oferta más alta de las presentadas, el suyo es un ofrecimiento envenenado.
Dejar Cacaolat en manos de los asturianos es temerario por dos razones. La primera, porque la deuda de Cacaolat con Clesa (su antigua matriz) es de unos 20 millones de euros. En consecuencia, el precio real que pagará CAPSA por los activos industriales es equivalente al que ponen encima de la mesa las ofertas catalanas. Y dos: porque esta empresa es justamente la misma que adquirió ATO en su día y minimizó sus plantas catalanas (salvo una pequeña factoría en Vidreres).
¿Qué mueve a los asturianos de CAPSA a presentar esa oferta? Sin duda, la marca Cacaolat, a la que todos le conceden un valor incuestionable en territorio catalán, y su cuota de mercado. Pero también resarcirse de las deudas con Clesa sin quita alguna. Es decir, sin dejarse ninguna pluma en el concurso de acreedores como si se dejarán otros proveedores atrapados.
Es igual que Cacaolat se lo queden Cobega-Damm o Vichy, pero debe quedarse con su actual fisonomía territorial, con sus plantas de producción y sus centros logísticos en Catalunya y Aragón. Y, si es posible, más Cacaolat. Visto el informe de los administradores concursales sobre las ofertas recibidas, está claro que los asturianos no tienen proyecto de futuro para la marca. Mientras que Vichy (65,50 millones de euros) y Victory (56,90 millones) han comprometido inversiones futuras para crear una nueva planta, Capsa no especifica cantidad alguna. Insisto, vuelo gallinaceo. O, dicho de otra forma, pan para hoy y hambre para mañana.
Durante esta semana, los interesados que han quedado en la recta final del concurso tienen la posibilidad de mejorar sus ofertas. Es importante que lo hagan las dos catalanas, pero aún lo es más que la autoridad judicial tenga en consideración uno de los criterios que figura en la subasta: “Proyecto industrial a desarrollar por el oferente en Catalunya y Aragón, territorios en los que está implantada la compañía”.
Tiene apenas siete días el conseller Francesc Xavier Mena para demostrar que nos equivocamos quienes pedimos su dimisión impidiendo que Cacaolat pase a otras manos diferentes a las que le dan futuro industrial y de mercado. Y el President Artur Mas, que se ha pasado unos meses escondiéndonos a los catalanes que le ha dejado 56 millones de euros más a Spanair en forma de crédito participativo para salvarla de la bancarrota, que se aplique la lección: menos Spanair y más Cacaolat.
O, dicho de otra forma, más apuesta por proyectos viables, propuestas con sello verdaderamente industrial y futuro en el mercado. Menos lanzar cohetes al vuelo de los deseos faraónicos de infraestructuras imposibles y más trabajar en pro de la realidad del empleo en las empresas con futuro, raíces, proveedores y clientes en el territorio.
Me gustaría oír también de Joan Carles Gallego (CCOO) y de Josep Maria Álvarez (UGT) alguna referencia pública a este asunto. Que se dejen de estratagemas pseudopolíticas cortoplacistas y se mojen, en serio y sin medias tintas, en este proceso. La responsabilidad de la defensa del empleo no es un tema territorial, sino de más calado. ¿Están de acuerdo los sindicatos con una adjudicación de la empresa que no garantice un proyecto de futuro? Pues que lo digan y expliquen con claridad cuál es su apuesta.
