Bruselas golpea el orgullo catalán
Podríamos hablar de Serge Latouche, el ideólogo del decrecimiento, que cuestiona que los países deban compararse en función del crecimiento del PIB. O explicado de otra manera, Latouche entiende que el trabajo se debe repartir mejor, y que el crecimiento de ese PIB no ofrece una buena fotografía sobre la realidad social, más bien la desenfoca.
Pero la Comisión Europea todavía no ha llegado tan lejos. Sin embargo, ha elaborado un índice alternativo, el Índice de Progreso Social, que mide los servicios sociales, la situación de las familias, y las condiciones medioambientales, también, de cada una de las regiones europeas. Y ese cálculo deja en una mala posición a regiones ricas en el contexto de España y Europa, como Cataluña. Bruselas ha golpeado, de hecho, el orgullo catalán, pese a que muchos expertos eran conscientes de lo que ha revelado.
Lo explicaron este viernes Susana Franco, investigadora en Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad; Francesc Colomé, de la Fundació Catalunya Europa –que organizó la jornada de análisis–; Jordi Angusto, economista, también de la fundación; Natàlia Mas, del departamento de Economia de la Generalitat; y Francesc Iglésies, secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat. En primera fila estaban el eurodiputado Ernest Maragall y la consellera de Treball i Benestar Social, Dolors Bassa.
Y es que Cataluña, si nos fijamos en su PIB, ocupa el puesto 58 entre las 272 regiones europeas. No está mal. Pero según ese Índice de Progreso Social queda relegada al puesto 165, es decir, en la media baja.
En los mejores puestos están regiones de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Holanda. Y con Cataluña compiten regiones de la República Checa, la región de Valonia, en Bélgica, regiones de Estonia, de Portugal y de Eslovenia.
En España, Cataluña tampoco ocupa las primeras posiciones, que son para Madrid, el País Vasco y Navarra. A pesar de ser la cuarta por PIB, pasa al puesto 12 según ese índice elaborado por la Comisión Europea.
Francesc Iglésies dio en el clavo. Forma parte del equipo de la consellera Bassa, de Esquerra Republicana, y sindicalista de UGT. Los republicanos han entendido que sin entrar en la transformación social, no podrán ensanchar el bloque independentista. Pero más allá de defender su apuesta política, Iglésies constató una realidad: los gobiernos de la Generalitat han actuado con poca visión en el terreno social, incidiendo más en «políticas paliativas», en que inversiones sociales, al contrario del País Vasco, que lleva años dedicando esfuerzos a la formación, y a la mejora de la conexión entre las necesidades profesionales del mercado y la enseñanza.
Porque en un momento en el que el Govern de Carles Puigdemont se queja de que el Gobierno haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto sobre pobreza energética o el decreto sobre los pisos vacíos que tienen las entidades bancarias, lo que se debe cuestionar es la política de vivienda de los gobiernos de la Generalitat. ¿Ha existido?
En Cataluña se destina el 0,1% del PIB a vivienda; la medida europea es del 0,6%. En políticas sobre familia, se destina el 0,1%; la media europa es del 2,4%. Y a los subsidios de paro se destina, en el conjunto de España, el 3%, cuando la media europea es del 1,5%.
En la jornada de análisis en la Fundació Catalunya Europa, los responsables de la Generalitat se refirieron a las carencias del sistema de financiación autonómica, y no mintieron.
Pero todos fueron conscientes de que no se han tomado en serio las políticas sociales. Y no es una cosa de hace un par de años, o provocada por la crisis, desde 2008.
El Índice de Progreso Social de la Comisión Europea ha desnudado a los diferentes gobiernos catalanes. No se vive del PIB, aunque, ciertamente, es mejor que crezca, con permiso de Latouche.
