Basta de leyes chapuza: legislar menos, legislar mejor
Uno de los principales elementos que los inversores consideran a la hora de tomar sus decisiones es la existencia de un marco normativo predecible, ágil y estable
Un marco regulador eficiente es fundamental para fortalecer la competitividad y la capacidad innovadora de la economía. La hiperregulación, entendida como el exceso de cargas administrativas en el acceso y el ejercicio de la actividad económica de carácter innecesario y desproporcionado, tiene efectos marcadamente negativos sobre la productividad y el crecimiento de las empresas.
La certeza y la rapidez en obligar a cumplir los compromisos contractuales, a un coste razonable, son factores clave para generar un entorno que favorezca el desarrollo de la actividad económica. Vivimos en un entorno global, donde los capitales fluyen. Uno de los principales elementos que los inversores consideran a la hora de tomar sus decisiones es la existencia de un marco normativo predecible, ágil y estable.
Diferentes trabajos académicos han observado una correlación entre el nivel de complejidad reguladora y la reducción del PIB. Gelauff y Lejour (2006) en un trabajo para el conjunto de países de la UE, estimaron que el impacto a largo plazo de una reducción de cargas administrativas del 25% en el caso de España sería equivalente a un incremento del PIB del 1,7%.
Así pues, resulta preocupante observar que, lejos de estabilizarse o de corregirse esta tendencia, el número de normas publicadas en los boletines oficiales no ha parado de crecer. Entre 1979 y 2020, en España se han aprobado casi cuatrocientas mil normas. La aprobación se ha cuadruplicado desde 1978. España ha estado aprobando cada año cerca de 12.000 normas. Cada año se publican alrededor de un millón de páginas con normativa legal.
La situación es especialmente preocupante en Cataluña, que lidera el ranking de número de páginas en boletines oficiales autonómicos, con 106.914 páginas en 2019, en comparación con las 5.913 páginas del País Vasco.
A la profusión normativa, cabe añadirle el abuso, cada vez más habitual, del decreto-ley, un instrumento excepcional y reservado para casos de urgencia. De esta forma, el Ejecutivo evita el debate parlamentario y dificulta el control por los Tribunales ordinarios, quedando reservado el examen de la legislación sólo ante el Tribunal Constitucional. También resulta sintomático que, en las nuevas normas aprobadas, los preámbulos y las “exposiciones de motivos” (que son en realidad, “exposiciones de deseos”) ocupan cada vez más espacio: en el caso de la ley rider, hasta el 73 % del texto.
Países de nuestro entorno que son referentes en calidad institucional han introducido mecanismos en su marco regulador para frenar el exceso de cargas administrativas y la inseguridad jurídica
Otro elemento que impacta negativamente en la actividad empresarial es la inseguridad jurídica, la incertidumbre en las relaciones jurídicas y en la predictibilidad en la aplicación de las normas por parte de la administración.
Algunos ejemplos destacados en Cataluña son el impuesto en la generación, transporte y almacenamiento de electricidad creado en el 2020; el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) del Ayuntamiento de Barcelona; las limitaciones de altura en los almacenes automatizados; la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) o el freno absoluto de la implantación de energías renovables en Cataluña durante la década 2009-2019, con un solo aerogenerador instalado durante este periodo, a causa del decreto 147/2009.
En este mismo sentido, se pronunciaba hace unos días la patronal catalana CECOT. Según su presidente Salvador Panés, «la incertidumbre se combate con estabilidad. Y esta estabilidad no llega ni al tejido empresarial ni a la sociedad si constantemente se están aprobando nuevos trámites y normativas de difícil aplicación, redactados con ambigüedades o que son inconcretos”.
Países de nuestro entorno que son referentes en calidad institucional han introducido mecanismos en su marco regulador para frenar el exceso de cargas administrativas y la inseguridad jurídica. Uno de ellos es el principio one in, one out (entra una norma, sale otra). El Reino Unido fue el primer país de la OCDE en formalizar este planteamiento en 2011.
Posteriormente, otros países como Canadá, Alemania, Francia, Australia o Corea del Sur han continuado aplicando estas medidas. De hecho, España introdujo el mismo concepto en la aprobación de la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, pero su implementación efectiva es deficiente por la falta de mecanismos de evaluación y criterios de actuación concretos.
El ejemplo de Alberta es paradigmático. En esta provincia canadiense, había más de 670.000 normas que tenían que cumplir los ciudadanos. El objetivo que se marcó el gobierno en 2021 fue reducirlas un tercio en cuatro años. De momento, los ahorros se cifran en más de 470 millones de dólares.
Para que se produzca en España una mejora de la calidad legislativa, es imprescindible un cambio en la cultura de la propia Administración, que debe entender que su propósito es servir al administrado y no a la inversa. Los controles de calidad legislativa existentes son inútiles si el legislador los omite, pero también si se cree en posesión de la verdad y, por tanto, no tiene voluntad alguna de escuchar a todas las partes interesadas.
La proliferación de regulaciones que prohíben o dificultan la actividad empresarial limita el crecimiento y el atractivo inversor de nuestro país. Un legislador responsable debería hacerse algunas preguntas antes de introducir una nueva normativa que impacte en el tejido económico. ¿Es necesaria esta regulación? ¿Qué problema corrige? ¿Se tiene que encargar de ello el gobierno? ¿La regulación mitigará el problema? ¿En qué magnitud? ¿Qué indicadores de medida se usarán para evaluarla? Si las respuestas no son convincentes, mejor pensárselo dos veces. Legislar menos… es legislar mejor.
