Ayuntamiento de Barcelona: un fondo buitre ecológico y sostenible

En el mes de abril el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba que iba a destinar 16 millones de euros al plan Amunt Persianes, supuestamente para ayudar a resolver el problema del aumento de locales vacíos en la ciudad, especialmente en el centro, donde más se ha notado el impacto de la crisis. Entonces, como objetivo de una medida de política económica, parecía algo razonable.

El problema que pretendía resolver la medida es un problema real. En Barcelona existen más de 5.300 locales comerciales sin uso, equivalentes a 1,5 millones de m2 que podrían destinarse a actividad económica, cuya superficie supone más de 200 veces el terreno de juego del Camp Nou.

En febrero de 2021, 11 meses después de la declaración del estado de alarma, había cerrado el 7,5% de locales en los ejes comerciales de Barcelona, llegando al 30% en el centro de la ciudad. Así pues, la justificación del fin y el objetivo final de la medida parecían tener sentido. Pero, ¿tenía sentido la medida en cuestión?

La iniciativa Amunt Persianes consiste en destinar 16 millones de euros del presupuesto municipal a comprar locales comerciales vacíos y ofrecerlos para el comercio sostenible, ecológico y de proximidad, con un alquiler subvencionado.

La medida, presentada en rueda de prensa como el plan perfecto para resolver el problema de los locales vacíos de la ciudad, supondrá la compra de poco más de 50 de los 5.300 locales inactivos, es decir, un 0,95% de estos comercios, suponiendo un precio medio de compra alrededor de los 300.000 € por local. Antes ejecutarla, y en su propio planteamiento inicial, ya sabemos que la medida no va a resolver el problema.

¿Cómo se ejecuta la propuesta? Se abrió una convocatoria para que los propietarios de locales en planta baja pudieran ofrecer su venta al Ayuntamiento. La convocatoria estuvo abierta hasta el 25 de junio para propietarios de locales de entre 60 y 1.000 m2, o a partir de 1.500 m2 con características específicas.

La adquisición de locales dará paso a una cartera de bajos de protección oficial que se destinarán a la “dinamización comercial, social, cultural o económica”. Es decir, no necesariamente se alquilarán a empresas o comercios que generen puestos de trabajo o actividad económica, abriendo la puerta a las denominadas “entidades”, muchas de ellas afines al gobierno de Ada Colau.

Nos encontramos ante un gobierno municipal que actúa como un fondo buitre que pretende acumular propiedades. Lo descubrimos con esta iniciativa, pero también lo hemos visto en las recientes compras de edificios o la expropiación de la Casa Buenos Aires, que ha llevado a la teniente de alcalde Janet Sanz a estar imputada por un presunto delito de prevaricación.

Es razonable preguntarse cómo es posible que en la actual coyuntura económica el consistorio dedique sus recursos (los de todos) a adquirir patrimonio.

Nos encontramos ante un gobierno municipal que actúa como un fondo buitre que pretende acumular propiedades

Y es que en los últimos meses ha comprado el teatro El Molino por 6,2 millones de euros, ha pagado 8 millones por dos edificios de viviendas en Sant Antoni, 4,5 millones por uno en la Nova Esquerra del Eixample, 9 millones por uno en la calle Balmes, o 1,4 millones por tres edificios en Horta, sumados a los 3,7 millones que cuesta la citada expropiación de la Casa Buenos Aires. 33 millones de euros en 6 operaciones.

Una solución con escaso impacto en el problema

Volviendo al Amunt Persianes, teniendo en cuenta que, además del escaso impacto en la resolución del problema, la medida no estará 100% implementada hasta dentro de dos años, coincidiendo con la campaña de las elecciones municipales de 2023, ¿era la mejor opción para dar vida a los 5.300 locales de la ciudad y reactivar la economía? La respuesta es rotundamente no.

Con un presupuesto de 16 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. En lugar de crear una pseudo inmobiliaria pública con solo 50 locales, que mucho me temo acabarán en manos de entidades afines a los comunes, se podría haber ofrecido ayudas a pymes y autónomos para que se instalaran en locales vacíos de la ciudad.

Por ejemplo, 1.300 ayudas directas de 12.000 € para que pymes o autónomos se instalaran por primera vez en locales en planta baja, o para que se trasladaran desde oficinas en edificios de vivienda. También se podría haber destinado este importe a diseñar bonificaciones en tributos municipales para las pymes o autónomos que se instalen en locales comerciales vacíos. No hemos de olvidar que durante la pandemia los tributos municipales se “congelaron”, no se redujeron.

Una vez más, nos encontramos ante una solución equivocada (y financiada por todos los ciudadanos) para un problema real, marca del populismo y la demagogia con que Ada Colau -y ERC en la sombra- gobiernan la ciudad.