Auditar los programas políticos 

«No me digas lo que valoras; enséñame tu presupuesto», sentenciaba el presidente norteamericano Joe Biden en uno de sus discursos en 2022. Dado que las acciones hablan más que las palabras, las preferencias reveladas en los presupuestos fiscales y el equilibrio entre gastos e ingresos que ofrece cada formación para la próxima legislatura se deberían apreciar por encima de los manifiestos. En otras palabras, los números deberían prevalecer por encima de la retórica incendiaria del debate político.  

Una memoria económica permite a la ciudadanía contrastar qué políticas públicas pretende impulsar cada partido, cuál es el presupuesto asociado a las mismas, cuánto variará la recaudación de cada impuesto con las reformas fiscal planteadas y en qué hipótesis apoyan tal estimación.  

Sin embargo, esta campaña electoral no se ha caracterizado precisamente por el nivel de detalle y concreción en el ámbito de la política económica. Los partidos llegan al último día de campaña electoral con centenares de propuestas, pero ocultando la memoria económica de sus programas. De esta forma resulta imposible para el votante entender cuánto van a costar, cómo se van a financiar y qué ahorro o recaudación suponen las promesas electorales de su candidato. 

A modo de ejemplo, el PSOE plantea blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones con el IPC, multiplicar por diez el parque de vivienda pública y establecer la gratuidad de las matrículas universitarias. Sumar propone complementar las pensiones no contributivas e implementar una herencia universal.

Ninguna formación detalla cómo se financiarían estas medidas

El PP plantea una rebaja del IRPF para quienes ganen menos de 40.000 euros al año y Vox promete una «poda» fiscal, que incluye establecer una tarifa plana del IRPF del 25%, rebajar el IVA y eliminar los impuestos a la luz, entre otras reformas fiscales. Estos últimos también proponen mantener el poder adquisitivo de las pensiones “acabando con las subvenciones a sindicatos y patronales” – importes anuales que equivalen a un 1.6% de la nómina mensual de pensiones, menos de doce horas (12.000 millones).  

La cuestión es que ninguna formación detalla cómo se financiarían estas medidas (más allá de si las pagarán “los ricos” o “Bruselas”) o qué recortes de gasto compensarían las bajadas impositivas (más allá de aludir al “gasto político”). 

En el extremo opuesto nos encontramos el caso holandés. En los Países Bajos, desde las elecciones de 1986, en un proceso único en el mundo, la Oficina Holandesa para Análisis de Política Económica (CPB), una agencia administrativa independiente, efectúa un extenso análisis económico de programa electoral de cada partido político. Para realizar este análisis, las formaciones políticas proporcionan voluntariamente a la CPB sus propuestas de forma extremadamente detallada. La publicación posterior, “Chartered Choices” (opciones trazadas), juega un papel destacado en la campaña electoral.  

La CPB evalúa los ingresos fiscales directos o los costes de las distintas medidas, recurriendo al apoyo de personal experto. Posteriormente, se calculan los efectos a corto y largo plazo de los paquetes de políticas sobre la economía, los ingresos y las finanzas públicas, usando un conjunto de modelos específicos. Estos resultados se publican simultáneamente, después de un control final con las partes involucradas. El proceso completo dura aproximadamente tres meses y medio.  

Tanto partidos como medios de comunicación confían en la CPB como juez apartidista y los análisis de la institución constituyen también la base para las negociaciones entre los partidos de la coalición después de los comicios electorales.  De esta forma, la CPB actúa como dispositivo disciplinario evitando que los partidos políticos hagan promesas que no puedan cumplir. 

Detallar los costes y beneficios de toda política pública, especialmente en una coyuntura económica como la actual, no debería ser opcional

Además del caso holandés, cabe mencionar la labor que realizan diversos institutos de investigación económica, think tanks y organizaciones de carácter no gubernamental, como el Institute for Fiscal Studies británico, o el Committee for a Responsible Federal Budget norteamericano, entidades relevantes en el análisis económico de programas electorales en el mundo anglosajón. 

En España, un proyecto similar a los analizados podría iniciarlo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), empezando con análisis limitados que podrían ir adquiriendo mayor envergadura con el tiempo. Todos los votantes tenemos derecho a contar con información transparente y veraz sobre lo que pretenden hacer con nuestros impuestos quienes aspiran a dirigir los designios del país. 

La enorme disponibilidad de datos que caracteriza nuestro tiempo favorece más que nunca la fundamentación empírica de los debates electorales. Sin embargo, elementos como la incertidumbre y la polarización alimentan la receptividad de los electores a las respuestas simples y falsamente tranquilizadoras, fomentado el victimismo y el populismo en los sistemas de gobernanza pública. 

Detallar los costes y beneficios de toda política pública, especialmente en una coyuntura económica como la actual, no debería ser opcional. Los contribuyentes tenemos derecho a conocer en qué y cuánto pretende gastar cada partido y cómo aspira a recaudar los ingresos necesarios para financiar sus reformas. Sólo cuando pongan cifras a sus promesas podremos comenzar a juzgar críticamente si su programa económico es creíble o una mera carta a los Reyes Magos.