Así robó Montero 2.500 millones de euros del IVA a las CCAA

Si algo ha demostrado hasta el momento el Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de su absoluto cinismo a la hora de prometer una cosa y hacer justo la contraria sin avergonzarse lo más mínimo, es su desprecio hacia las instituciones y el Estado de Derecho, con todo lo que ello conlleva. Esta falta de respeto se manifiesta, igualmente, en las relaciones que mantiene la Administración Central con las Comunidades Autónomas.

El cúmulo de desmanes que ha encadenado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contra los gobiernos regionales, responsables de la gestión de servicios públicos tales como Sanidad, Educación o Justicia, ha llegado a tal punto en apenas año y medio que hasta las comunidades gobernadas por el PSOE se han levantado en armas.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar el pasado viernes constituye el último ejemplo de este grave y pernicioso declive institucional, ya que el Ejecutivo socialista se negó, una vez más, a devolver un dinero que no es suyo.

El origen del problema radica en la no devolución de la liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017. En ese ejercicio, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, modificó el sistema de facturación del IVA de las grandes empresas con la excusa de combatir el fraude fiscal, causando un retraso en la presentación de las declaraciones, que, en su mayoría, pasaron a contabilizarse dos meses más tarde en lugar del mes siguiente.

Como resultado de dicho cambio, la recaudación que cosechó el IVA en el mes de noviembre pasó a contabilizarse en enero de 2018, y no en diciembre, de modo que en 2017 tan sólo figuraron 11 meses de ingresos a efectos contables en vez de 12. Es decir, los contribuyentes pagaron religiosamente dicho impuesto y Hacienda ingresó, como siempre, sus 12 meses de IVA.

Pero a la hora de repartir ese dinero con las CCAA –les corresponde el 50% de la recaudación–, dado que en términos presupuestarios el mes de noviembre se contabilizó en enero, la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2017, que se efectúa dos años más tarde (2019), sólo tuvo en cuenta once meses.

La argumentación de Montero para no devoler el IVA a las CCAA resulta falaz

El Estado se embolsó el mes restante que pertenecía a las CCAA, cuya cuantía ronda los 2.500 millones de euros. Las autonomías contaban con ingresar ese dinero en 2019, razón por la cual lo reflejaron en sus respectivos presupuestos, pero Hacienda dio la callada por respuesta, generando así un agujero sustancial en sus cuentas públicas.

El desatino era de tal calibre que hasta el propio Gobierno socialista reconoció que debía enmendar el perjuicio ocasionado, de modo que el proyecto de Presupuestos para 2019, cuya aprobación no salió adelante, incluía una modificación del Reglamento del IVA para que el pasado ejercicio contabilizara un total de 13 meses a efectos de liquidación de este impuesto, adelantando la presentación de las declaraciones y compensando así la no devolución de 2017.

Sin embargo, como los Presupuestos de Sánchez no lograron el visto bueno del Congreso, el Ejecutivo se limitó a culpar a los partidos de la oposición y optó por quedarse de brazos cruzados. Desde entonces, Montero se ha escudado, una y otra vez, en la no aprobación de su proyecto presupuestario para no devolver el IVA a las CCAA, pero tal argumentación resulta falaz, puesto que habría bastado con cambiar el citado Reglamento para solventar la situación.

No hacía falta, en ningún caso, aprobar los Presupuestos. La ministra utilizó el IVA a modo de presión y chantaje para tratar de recabar apoyos durante la negociación presupuestaria, a sabiendas de que bastaba con aprobar un simple real decreto para zanjar la cuestión. Y ahora, lejos de aprovechar el CPFF para corregir su impostura, se limita a ofrecer más déficit a los gobiernos regionales.

La propuesta del Ministerio consiste en no tener en cuenta el dinero que adeuda por el IVA a efectos del cumplimiento del objetivo de déficit. De este modo, si tras descontar dicha cuantía, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior en 2019, se entenderá que cumplieron el objetivo y, por tanto, no tendrán que presentar un Plan Económico Financiero para corregir el desvío presupuestario.

Además, el Estado les prestará dinero adicional a través del FLA para financiar ese mayor déficit provocado por la no devolución del IVA. En definitiva, en lugar de devolver a las CCAA esos 2.500 millones de euros, Montero les ofrece préstamos y, por ende, más deuda pública.

Los tribunales tendrán la última palabra sobre esta particular disputa

Se trata de puro y simple trilerismo fiscal. Las autonomías incurren en un déficit adicional en 2019 tras no haber ingresado un dinero con el que contaban, incumpliendo así el objetivo de estabilidad presupuestaria, y la ministra se limita a decir ahora que no tendrá en cuenta el agujero que ella misma creó y que financiará la diferencia.

La motivación de esta vía es clara: si devolviera lo que debe, esos 2.500 millones contabilizarían como deuda del Tesoro, pero, de este modo, se apuntará como deuda de las CCAA que acudan al FLA, un mecanismo que, además, no está exento de condiciones políticas provechosas para el Gobierno.

Visto lo visto, los tribunales tendrán la última palabra sobre esta particular disputa.