Así es la histórica subida de impuestos que prepara Pedro Sánchez

El Gobierno de PSOE y Podemos se ha marcado como objetivo aumentar la recaudación en cerca de 70.000 millones de euros al año para acercar la presión fiscal de España a la media comunitaria sin tener en cuenta que esa diferencia se debe a un mayor peso de la economía sumergida, una tasa de paro mucho más alta y una menor renta per cápita.

Que lo haga, además, en plena crisis económica y sanitaria, cuando el resto de grandes potencias europeas apuestan por bajar los impuestos para impulsar la recuperación, da buena cuenta de la profunda incompetencia y sectarismo que, por desgracia, posee la izquierda española. El plan ya está en marcha y, tal y como avanzamos en este mismo espacio, irá a peor. Las alzas fiscales aprobadas en 2021, que recaen especialmente sobre las rentas medias y bajas, prevén recaudar unos 6.000 millones adicionales, pero esto es sólo el principio.

El Gobierno ha aprovechado el envío a Bruselas de su particular Plan de Recuperación para avanzar el gran sablazo fiscal que asestará al conjunto de los españoles en los próximos años, con la excusa de modernizar el sistema tributario.

Su plan incluye, entre otras medidas, eliminar de manera paulatina la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Esta reducción de la base imponible, de hasta 3.400 euros, beneficia a 3,7 millones de hogares, sobre todo si tienen hijos a cargo y uno de los cónyuges está en paro o registra unos ingresos muy bajos. Su eliminación supondría una subida de impuestos próxima a 2.400 millones de euros al año y, una vez más, la factura recaería sobre los hombros de rentas medias y bajas.

La mayoría de sus beneficiarios, unos 2,8 millones de familias, declaran 30.000 euros o menos de base imponible y, hoy por hoy, abonan una cuota de entre 900 y 2.500 euros al año en IRPF. Si se elimina esta reducción, tendrán que pagar una media de entre 650 y algo más de 1.000 euros más al año, es decir, un aumento fiscal superior al 70% en muchos casos.

Su descubrimiento ha generado tal revuelo en las últimas horas que el Gobierno amaga con dar marcha atrás, pero lo cierto es que su intención continúa vigente. En primer lugar, porque la propuesta en cuestión no ha sido eliminada del Plan de Recuperación enviado a la UE y, en segundo término, porque el Ministerio de Hacienda, en realidad, no ha rectificado nada, sino que se limita a señalar que su aprobación será estudiada por el comité de expertos encargados de reformar el sistema fiscal a partir de 2022. Así pues, todo sigue igual.

De hecho, esta subida de impuestos a las familias es tan sólo la punta de iceberg, ya que el citado Plan de Recuperación avanza un hachazo muy superior.

El propio texto advierte de que “numerosos son los informes que señalan las carencias que el sistema fiscal español ha ido acumulando a lo largo del tiempo […] la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado distintas revisiones de gasto (spending reviews) entre las que destacan la relativa al amplio universo de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades, así como las relativas a los incentivos a la contratación”.

La eliminación de las bonificaciones supondría un palo fiscal de 34.000 millones de euros al año

Efectivamente, tanto la reducción de la tributación conjunta anunciada ahora como las bonificaciones de los planes de pensiones que se acaba de cargar el Gobierno se incluyen en un reciente informe de la AIReF que aboga por la eliminación o modificación de numerosos beneficios fiscales. Y este es uno de los documentos que sirve de guía al Gobierno para disparar los impuestos en España.

En total, son 13 las reducciones, exenciones y deducciones que podrían desaparecer en los próximos años, desde los tipos reducidos de IVA o la exención de este tributo en sanidad y educación hasta el incremento del diésel o la reducción en IRPF por alquiler de viviendas.

Su eliminación supondría un palo fiscal de 34.000 millones de euros al año. Y eso sin contar la revisión del resto de beneficios fiscales que se aplican, sobre todo, a nivel empresarial y cuya eliminación también estudia el Gobierno. PSOE y Podemos planean, por tanto, la mayor subida fiscal de la historia reciente de España.