Ajustes o recentralización

En la dialéctica actual sobre el futuro institucional de Catalunya parecen contar mucho más las cotas de poder político que la eficacia de los procedimientos de gestión pública. Dicho de otro modo: acaba siendo elevado el coste del voto cautivo, en cualquier sentido, sobre todo nacionalista.

Abundan en las sobremesas las descalificaciones severas del Estado autonómico. Desde un extremo se considera un exceso que ya tiene consecuencias catastróficas; desde el otro extremo se dice que es algo tan insuficiente que justifica los argumentos pro-secesión.

En general, algunos proyectos faraónicos, el agravio comparativo, la proliferación administrativa o la incontinencia en el gasto público aparecen como causas del descrédito del Estado de las autonomías. Incluso quienes entonces suponían que la redistribución territorial del poder del Estado era positiva ahora la rechazan como un armatoste incómodo.

En fin, idea y realidad del Estado de las autonomías se sitúa estos días a la altura de un chiste de Los Morancos. Eso es injusto y desaforado. Unos piden reajustes drásticos; otros recusan todo mínimo rasgo de recentralización. ¿Es tan malo reajustar o es que no queda más remedio que recentralizar de modo tajante? ¿O no hay más alternativa que la secesión?

En el terreno de juego de la Constitución de 1978, las claves no son de blanco o negro. El ajuste no significa la recentralización metódica. Como en tantos procesos, lo más acertado resulta ser someterse al sistema de prueba y error. Más allá de las consideraciones identitarias que son las propias del nacionalismo, no es un pecado monstruoso suponer que para dar consistencia al sistema educativo hay que lograr un equilibrio entre el todo y las partes.

No estaría de más, por ejemplo, dar más homogeneidad a las evaluaciones. Es decir, que cuando un estudiante obtiene una calificación de grado excelente en Vigo también la tenga en Tarragona. ¿Es ese un delito de lesa recentralización? Lo diverso no se contrapone a la racionalidad.

El problema no es la contraposición entre diversidad y racionalidad, sino que el Estado autonómico se convierta en una moneda de cambio, un rescate que hay que pagar. Eso es muy distinto de la racionalidad institucional. En cambio, lo que importa a la ciudadanía contribuyente es intentar una reconducción racional del sistema de financiación autonómica.

Y ahí regresamos al dilema inicial; de un extremo, las autonomías son y serán un gasto incontenible y sin remedio; por otro, la autonomía no soluciona nada y por eso hay que proponerse la secesión. Pero cuando hurgamos en las encuestas, ¿es realmente tan irreconciliable la dicotomía o puede reconducirse por el ajuste? Desde luego, para pedirle algo a alguien lo lógico es facilitarte que te lo dé. Es todo lo contrario del callejón sin salida en que se ha convertido la política catalana. Tal vez porque se da demasiado por hecho que el Estado autonómico ya es un coche sin ruedas.