¿Adónde va Iceta? ¿Adónde va Collboni? ¿Qué quieren los socialistas?
En privado, la mayoría de socialistas con los que habitualmente me veo desde hace años reconocen como uno de sus mayores errores en Cataluña aquel día en que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, se puso al frente de una manifestación contra el Tribunal Constitucional, para protestar contra el análisis que esta institución había hecho del nuevo Estatuto de Autonomía. En privado.
Desde ese día, el soberanismo ha crecido en la sociedad catalana alcanzando cotas nunca vistas de movilización y presencia, aunque diversos factores muestran que podría haber tocado techo. Desde ese día, el socialismo en Cataluña no ha dejado de perder poder: gobernaba entonces el gobierno de España, la Generalitat, dos de las diputaciones provinciales, el ayuntamiento de Barcelona… Hoy, el mayor presupuesto que gestionan es el del ayuntamiento de L’Hospitalet.
En público, los socialistas estuvieron el domingo de nuevo al frente de una manifestación contra el Tribunal Constitucional, y pocos días antes el jefe de su partido, Jaume Collboni, en el consistorio barcelonés entraba en el gobierno de la ciudad que preside Ada Colau.
Esta esquizofrenia política provoca un doble castigo en sus propias filas: no convence a nadie de los no convencidos y por el contrario confunde hasta la desesperación a sus seguidores que acaban desertando progresivamente ante la incapacidad de saber qué bandera están siguiendo. La progresiva y constante pérdida de votos y escaños en Cataluña debería ser una prueba suficiente.
El Tribunal Constitucional es la máxima instancia para interpreta la ley que nos une y ampara a todos los españoles. Como no es perfecto, sus sentencias pueden ser siempre discutidas e interpretables. Como órgano, padece las deficiencias de nuestro sistema político, de lo que somos todos, absolutamente todos, corresponsables. Enfrentarse a su autoridad, convocar a manifestaciones contra sus sentencias, deslegitimarlo públicamente es generar una ley paralela, es decir, una sinrazón.
De la misma manera que los Mossos d’Esquadra, o cualquier otro cuerpo de seguridad, responden y están sometidos a las autoridades políticas que hemos elegido democráticamente, si en sus filas, hay personas que se extralimitan o tienen comportamientos que deben ser reprimidos, se hace y punto, como así ha ocurrido. Pedir públicamente que actúen con proporcionalidad, como ha hecho Colau, es simplemente puro cinismo.
¿Dónde van, dónde están Iceta, Collboni, los socialistas catalanes…? ¿En qué parte de la línea que separa la razón de la legalidad de la sinrazón de la arbitrariedad se sitúan? Por su propio bien, deberían pensárselo y ser coherentes de una vez por todas.
