Ada, no te vuelvas bruja
Latas aplastadas, botellas rotas, bolsas de plástico al albur del viento, orines decorando las esquinas, etc., forman parte del paisaje estival de muchas calles del Eixample y Ciutat Vella, le explico a mi amigo Josep Antón mientras nos tomamos un cava en la bodega Vimésvi de Sitges. Ni en agosto, cuando más aprieta el calor, dan tregua los turistas, siempre ansiosos de playa.
Plazas llenas, colas inacabables para visitar la Sagrada Familia o el Museu Picasso: Barcelona sobresaturada, esclava de un amor a sí misma que se ha convertido en un negocio y que a su vez ha devenido en una dependencia… Esto trato de hacerle entender a mi amigo, dueño de una gestoría en Vilanova i la Geltrú.
Según Josep Antón, los barceloneses vivimos del turismo porque no damos para más, así que tenemos que tragar con todo lo que nos venga; si vamos camino de ser un Lloret de Mar gigantesco, pues ajo y agua. Lo dice con ese resentimiento tan de los de comarcas, siempre dispuestos a vilipendiar a la capital, con la que mantienen una relación ambigua de amor y odio. ¿Es solo envidia de ciudad pequeña la que expresa mi amigo? No lo creo, no del todo…
Me veo obligado a darle la razón en que el turismo es, y seguirá siendo, una de las principales fuentes de ingresos de Barcelona, porque llevamos 25 años montándonoslo de perlas y perfeccionando la técnica, y porque es un negocio tan digno y productivo como cualquiera. Sin embargo, estoy de acuerdo con el teniente de alcalde Gerardo Pisarello en que el turismo en Barcelona, tal como está hoy planteado, no lleva a ningún sitio más que al caos y la corrupción.
Que cómo está planteado, me pregunta Josep Antón en tono respondón; vamos por la tercera ‘copeta’ de cava. Le explico que está planteado como un negocio opaco, diseñado para que sea difícil de controlar. Que la dichosa moratoria a los permisos hoteleros no es un acto satánico ni estalinista, sino un freno a una avalancha de licencias sin control que amenazaban en convertir la ciudad en una colmena de huéspedes. Los hoteleros estarán que trinan, me rebate él.
Pues, mira, no, le contesto levantando un poco la voz. Dos rubias cuarentonas que paladean una malvasía nos miran de reojo, incómodas.
Me cuentan fuentes del sector que están encantados con la medida porque frena la proliferación incontrolada de establecimientos. Al parecer, durante el reinado del doctor Trías -ese ‘deixar fer’ desidioso que se ha confundido estos últimos cuatro años con el liberalismo- la competencia empezaba a convertir el sector en insostenible. La moratoria es un respiro a los que ya están establecidos, que se quejan de que son demasiados. Ahora toca atacar a los pisos turísticos, esos nidos de adolescentes lechosos e imberbes que confunden la spanish fiesta con el regreso a las cavernas.
El sector turístico ilegal en Barcelona, ese que Pisarello llama ‘opaco’, es enorme y difuso, un problema difícil de abordar si no es con medidas contundentes como las adoptadas la pasada semana por la alcaldía. Puede que de cara a la galería muchos critiquen indignados al equipo de gobierno, y especialmente a la alcaldesa, pero por dentro respiran aliviados. Hay medidas interesantes, como conmutar las multas de 15.000 euros por alquileres sociales.
A Josep Antón -el nombre se lo puso su abuelo, carlista de Vallbona de les Monges– le parece que se nos viene encima el Chile de Allende, con indígenas habitando junto a marquesas en los áticos de la Diagonal. Pero yo le hago ver que es mejor una medida así de revolucionaria, que una multa «así de gorda de Montoro», le indico extendiendo los brazos.
Al fin y al cabo, los dueños de pisos turísticos ilegales también se la estaban colando a Hacienda, y esos ni perdonan ni olvidan tal como está el patio.
Y de nuevo un sin embargo; esta vez para estar en desacuerdo con la alcaldía: la única postura que no me gusta un pelo es la de exigir a las páginas web que albergan a estos pisos clandestinos, y que les dan promoción, que entreguen en 15 días todos los datos sobre los propietarios de los mismos. El objetivo es que el Ayuntamiento pueda tomar medidas punitivas. No es que ignore que muchas de ellas son simples soportes cargados de cinismo para explotar las bondades de Barcelona como lo haría un proxeneta con una chica robada de la Europa del este.
Pero no todas son así, y especialmente no lo es Airbnb, cuya reputación se extiende por todo el mundo y que además es un servicio que siempre ha estado dispuesto a hablar con las instituciones para regularizar su situación. Es cierto que las páginas de Airbnb se han utilizado muchas veces para camuflar pisos ilegales, pero no lo es menos que la web se ha mostrado siempre dispuesta a colaborar para detectar los fraudes y neutralizarlos, así como a tener una vía abierta para los controles y las inspecciones.
En mi opinión, la alcaldesa Ada Colau debería aceptar la mano tendida de Airbnb y ponerse a trabajar para diseñar un plan conjunto de regulación de la actividad turística privada en Barcelona, problemente con el concurso de la Generalitat, que también hizo su propuesta hace unas semanas.
El empeño en exigir listados de usuarios, algo que probablemente por la misma LPDE sea inviable, me parece más digno de una bruja que de una verdadera demócrata. Cuando no hay un enemigo enfrente, sino un colaborador, hacer política significa sentarse a la mesa para compartir puntos de vista y elaborar propuestas. Lo contrario es limitarse a dar golpes encima de esa misma mesa, a ver si nos obedecen sin rechistar.
La prueba de que la política funciona mejor que las amenazas es Amsterdam, donde Airbnb colabora desde hace un año con el gobierno local en la gestión de las tasas, el control de los alquileres ilegales y la inspección de irregularidades y alteraciones del orden por parte de inquilinos poco respetuosos.
Pues entonces, en Amsterdam, deben haberse cargado el negocio hotelero, aduce, con el rostro enrojecido por el escepticismo y el cava, Josep Antón. Pues para nada: según Peter Hurtingford, responsable de comunicación de Airbnb Europa, las cifras de ocupación hotelera siguen aumentando en la ciudad de los canales desde que se firmó el acuerdo.