Ada Colau y la demencial política industrial de España
Los políticos no sólo exigen explicaciones a Nissan, sino que, como Colau, amenazan a la compañía con nacionalizaciones e indemnizaciones por su marcha
“La visión del Gobierno sobre la economía se podría resumir en unas pocas frases cortas: si se mueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo; y si deja de moverse, subsídialo”.
Esta brillante frase del expresidente norteamericano Ronald Reagan resume a la perfección la esquizofrénica política industrial que, por desgracia, todavía pervive en España a pesar de los desastrosos resultados cosechados durante años.
El país ha pasado de tener una industria estatal ruinosa bajo el régimen franquista a otra de propiedad privada que, debido a los enormes costes que impone la Administración, sigue precisando de recursos públicos para sobrevivir.
El cierre de la planta de Nissan en Barcelona y la encendida reacción política que ha suscitado su anuncio es el último ejemplo de esta particular paradoja.
El Gobierno, por un lado, pone todo tipo de trabas y cargas innecesarias sobre los hombros de las empresas, llegando incluso al extremo de desear el cierre de fábricas, y, cuando la compañía en cuestión decide irse, esos mismos políticos se lamentan por los miles de trabajadores que se van al paro, no sin antes plantear amenazas y regalías para tratar de revertir la situación.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es, quizás, el caso más paradigmático de esta demencial estrategia. Su mano derecha en el Consistorio, Janet Sanz, afirmaba sin rubor en abril que la crisis del coronavirus debía aprovecharse para acabar con la industria de la automoción. «Es ahora o nunca. Hay que evitar que todo eso se reactive».
El Gobierno prefiere asfixiar a las empresas para, luego, rescatarlas con dinero público
Sin embargo, tras el anuncio de la multinacional japonesa, Colau no ha dudado en encabezar las marchas de los trabajadores contra el cierre para, tal y como hizo el pasado viernes, lanzar advertencias al más puro estilo de la mafia: «Tenemos que conseguir que Nissan no se cierre porque, si se cierra, se acaba la buena relación y Nissan va a tener problemas serios».
Semejante contradicción evidencia, una vez más, la profunda hipocresía e incoherencia de la izquierda española, pero lo más grave es que incide en la errónea política industrial seguida hasta el momento. Lo que algunos no parecen entender es que España no es un lugar especialmente atractivo para abrir una fábrica.
A la elevada carga impositiva y regulatoria que soportan las empresas se suman unos costes laborales y energéticos disparatados, estrechando de forma sustancial el margen para obtener beneficios y perdiendo competitividad a chorros en comparación con otros países mucho más amables a la hora de atraer inversión.
La factura que impone el Estado es de tal calibre que, en muchas ocasiones, opta por conceder ingentes subvenciones públicas a fondo perdido para compensar a las industrias afectadas y, de este modo, evitar las temidas deslocalizaciones.
En lugar de rebajar impuestos, reducir cargas laborales y aligerar la factura eléctrica mediante la eliminación de costes políticos, el Gobierno prefiere asfixiar a las empresas para, luego, rescatarlas con dinero público.
La tragedia es que siguen sin aprender la lección. La declarada guerra al coche del que tanto se enorgullecen algunos partidos y la marcada hostilidad que rezuman hacia las empresas y los empresarios no anima a invertir, sin duda.
Recetas fallidas que, sin embargo, se repiten una y otra vez
Pero es que, además, los responsables políticos no sólo exigen explicaciones a Nissan por su marcha, sino que, como Colau, amenazan a la compañía con nacionalizaciones imposibles e indemnizaciones históricas por el despido de sus empleados.
Es decir, todo lo contrario de lo que deberían hacer, ya que el mensaje que se transmite al exterior no puede ser peor: “Primero, no sois bienvenidos y, segundo, os castigaremos si os vais”.
Y lo mismo sucede con los sindicatos, interesados en que el Estado recupere la capacidad de autorizar o no despidos colectivos para, de este modo, presionar aún más a la empresa con mayores costes laborales.
O qué decir del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de anunciar este domingo un nuevo plan de 3.750 millones de euros para subvencionar la compra de vehículos. Recetas todas ellas fallidas que, sin embargo, se repiten una y otra vez…
