Ada Colau, Felip Puig y Airbnb: anatomía de un trío

La alcaldesa de Barcelona, el conseller d’Industria y la plataforma Airbnb se han montado un trío esta semana y han utilizado de cama la ciudad de Barcelona. Espero que se me perdone la metáfora, con connotaciones quizá poco respetuosas, pero si entendemos como trio la acción coordinada de tres partenaires donde se da como resultado la satisfacción de todas las partes en brega, el anuncio de que la Generalitat legalizará el alquiler de habitaciones por parte de los catalanes mediante servicios como Airbnb es un trío en toda regla.

El proyecto del conseller Felip Puig de legalización de esta actividad turística subterránea, con el beneplácito aparente de la alcaldesa Ada Colau –los políticos, como las familias de raigambre y las viejas parejas, cuando quieren se entienden bien–, beneficia sobre todo a Airbnb, el tercer actor de este trío. De paso, la medida pone fin a un conflicto que estaba dando una mala imagen internacional de Cataluña en lo que se refiere a la actitud de las autoridades frente a la nueva economía digital (la Generalitat multó hace un año a Airbnb con 30.000 euros por actividades ilegales).

Vista en frío, se puede valorar esta actuación como una decisión sensata y equilibrada, pues su objetivo último es gravar este tipo de prácticas con una tasa turística de 0,65 euros por turista y día; fuera de Barcelona 0,45 euros. El lucro que genera este modelo de negocio no es poco y el desgaste que sufre la ciudad debe ser paliado por los mismos que lo provocan.

De hecho, el propio Airbnb llevaba meses reclamando a la Generalitat el reconocimiento de la figura del arrendador de habitaciones, tal como han hecho antes Amsterdam o París, poniendo fin a situaciones de limbo jurídico y fiscal para estas personas. En este sentido, Cataluña es pionera en el Estado.

Por otro lado, la legalización va acompañada de un paquete de medidas que intentan atar todos los cabos que hasta ahora andaban sueltos en el alquiler de espacios domésticos en Airbnb y servicios similares: el control de desperfectos y alteraciones de la paz y la convivencia en los edificios, los apartamentos turísticos camuflados bajo el paraguas de la plataforma, la dificultad de denunciar estas actividades por parte de los vecinos, el uso de vecindades enteras como urbanizaciones turísticas ‘de facto’ ante la impotencia de los afectados, etc.

Tal vez porque se trata de una normativa en apariencia bien ligada, la alcaldesa –que hay que presumir que tenía conocimiento de las intenciones del conseller– se olvidó intencionadamente de incluir este tipo de pisos en su moratoria turística, tal como denunció la anterior teniente de alcalde, Sonia Recasens, dejando así que fuera la Generalitat quien diera el primer paso en su regulación.

Si fue así, bien por los dos: la política es el arte del entendimiento más allá de las ideologías. Sin embargo, el asunto tiene algunas esquinas oscuras que no está de más diseccionar.

La principal es que si los catalanes nos tomamos con demasiado entusiasmo esta legalización, corremos el peligro de perpetuar un modelo turístico que ya es prácticamente insostenible. Y aunque fuera sostenible, no pasa del «pan para hoy y hambre para mañana». Es más, generaliza una actividad que hicieron buena en su día la España franquista y la Inglaterra de postguerra: el de las pensiones y los Bed and Breakfast, ese privilegio fiscal que se daba a las viudas para utilizar sus solitarias casas como refugio de viajantes y estudiantes de pocos posibles.

¿Es este el modelo de I D i que queremos para una comunidad que se compara con Holanda y cuya capital es sede del Mobile World Congress? En vez de emprender, salir fuera a formarnos y buscar activamente un trabajo acorde a nuestro perfil, abrimos nuestros salones a los turistas, les dejamos que usen nuestras neveras y les invitamos a nuestra mesa a degustar platos de dieta mediterránea, igual que hacían hace quince años los ciudadanos de la Habana…

Nada en contra, que quede claro: yo mismo he viajado por Cuba y Brasil así, y puedo asegurar que las personas que me hospedaron enriquecieron mi vida en pocas semanas más que años enteros de experiencias en España. Pero ¿está ahí la luz al final del túnel, la salida de la crisis? No lo creo.

Necesitamos algo más que una economía de subsistencia si de verdad queremos anclarnos en el primer mundo. Debemos aspirar a ser un San Francisco, no una Torrevieja, la población más pobre del país según el Instituto Nacional de Estadística.

El proyecto, este acuerdo aparentemente tripartito, es un importante paso adelante en la regulación de lo inevitable, que es la socialización de la economía de escala mediante las plataformas digitales. En este sentido debe ser recibido como una noticia muy positiva. Sin embargo, en poco nos ayudará si no va acompañado de otras medidas más valientes y rompedoras, como podría ser la creación de excepciones fiscales temporales a empresas e inversores tecnológicos foráneos que quieran asentarse y desarrollar su actividad en Cataluña.

En un mundo global estamos condenados a llevarnos bien con los extranjeros, pero mejor si son vecinos de escalera en lugar de turistas de paso.