A la espera de si la justicia quiere acabar o no con la corrupción

Tenemos por norma fustigar a la clase política por su connivencia con los asuntos más oscuros y menos afortunados de los últimos años. Cierto es que hubieron abundantes casos y que algunos de ellos todavía aguardan resolución, pero la opinión pública ya ha sentenciado a sus protagonistas.

Los políticos, por eso y por muchas otras cosas, están desprestigiados en términos generales, son incapaces de movilizar a casi nadie en su favor y han acabado dando pie a experimentos políticos novedosos, no convencionales y de todavía incierto recorrido.

Que la clase política, el poder legislativo y el poder ejecutivo, resulten sacudidos con fruición por todos nosotros es obvio que se lo tienen bien merecido. Y no hay más que pensar en cómo regenerar todo eso para el bien común de la sociedad. Pero no es menos cierto que el poder judicial casi siempre acostumbra a salir gratuitamente indemne de los debates sobre la corrupción en España y sobre la necesidad de restituir las costumbres y normas democráticas.

Escribo estas líneas tras conocer que el primero de los casos del sumario que afecta a Fèlix Millet y su compinche Jordi Montull ha sido resuelto con una pena de un año de prisión. Es cierto que se trataba de un delito de tráfico de influencias y no de robo, apropiación o saqueo como luego confesó el notable barcelonés haber cometido. Sí, pero después de tantos años, de la comicidad del juicio con un Millet en silla de ruedas y de lo que espera la sociedad, los jueces también tienen una responsabilidad democrática que ejercer. Ya conocen el aforismo sobre la mujer del César.

El poder ejecutivo no puede ampararse únicamente en el sistema garantista que tenemos y en aspectos procesales y formales para aparecer tibio ante la sociedad que lo ampara. En Catalunya sólo parece que acabe en prisión preventiva el ladrón de gallinas, porque los que han robado –y confesado su crimen– una institución pública como el Palau de la Música siguen corriendo por la ciudad y sus aledaños como si nada hubiera pasado. No es demagogia, es pura impotencia.

Bárcenas y sus sobres y su contabilidad oscura están durmiendo entre barrotes. Quizá sea el único y tenga más que ver con que la Audiencia Nacional sobrevuela en distancia y severidad la práctica cotidiana de los juzgados de instrucción de carácter más local. En cualquier caso, los fiscales y magistrados son también uno de los pilares de la democracia y están obligados a demostrar su voluntad inequívoca de regenerar más allá de quejarse de escasos recursos y de un supuesto abandono económico.

Está por resolver la segunda parte del caso Palau, queremos saber qué pasa con las imputaciones del caso Mercurio, del caso ITV y de los asuntos sanitarios catalanes. En todo eso ni nos roba Madrid ni Rita la Cantaora, sino que algunos vecinos se han aprovechado para su bolsillo o el de su partido de los intereses comunes.

Tenemos a cuatro diputados del Parlament de Catalunya imputados en sumarios. Por tanto, a la justicia de la comunidad catalana, y en especial a los juristas implicados en estas cuestiones, la sociedad les exige que cumplan con su función democrática de manera rápida, diligente y ejemplar. Si de verdad, claro, creen en la democracia.