A falta de reformas, nuevos impuestos y subsidios
Una vez más, las grandes reformas estructurales pendientes quedan suplantadas por un paquete de medidas transitorias de choque
Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una batería de medidas sociales, muchas de ellas reclamadas por Unidas Podemos, durante su intervención en el primer Debate sobre el estado de la nación en siete años.
La primera propuesta anunciada por el Ejecutivo consiste en la bonificación del 100% de todos los abonos de trenes de cercanías y media distancia operados por Renfe. Serán gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.
La medida busca, supuestamente, favorecer el transporte público sobre el privado para reducir el consumo de combustible y combatir así la inflación. Sin embargo, si analizamos la evidencia internacional sobre los efectos de políticas similares, el impacto es bastante discutible.
Un mero abaratamiento de los precios de transporte no tendrá un impacto suficiente sobre la demanda
En 2013 la capital de Estonia, Tallin, comenzó a ofrecer gratuitamente el transporte público a todos sus residentes. Tres años más tarde, si bien había aumentado el uso del transporte público un 14% (especialmente entre las familias de menor renta), el uso del automóvil no disminuyó sustancialmente, ya que, al reducirse la congestión, los usuarios (de mayor renta y mayor valor del tiempo) prefirieron seguir usando sus vehículos privados (Cats et al, 2016).
En un experimento similar realizado en Santiago de Chile, el aumento en el uso del transporte público inducido por la gratuidad de los abonos fue más relevante en los períodos fuera de las horas-punta, es decir, la demanda se canalizó principalmente a actividades de ocio y en días no laborables, sin impacto significativo en el uso del automóvil (Bull et al, 2021).
La literatura en el campo de la economía del transporte demuestra que el tiempo es el factor más determinante (Paulley et al, 2006) cuando se desea trasvasar usuarios del transporte privado al transporte público. En consecuencia, un mero abaratamiento de los precios de transporte no tendrá un impacto suficiente sobre la demanda. La medida anunciada por Sánchez tampoco considera el poder adquisitivo de los beneficiarios, por lo que su impacto distributivo resulta discutible.
Otra de las reformas estrella anunciadas por Sánchez es un impuesto “excepcional” y de carácter “temporal” a los beneficios de las grandes empresas energéticas con el que asegura recaudar 2.000 millones de euros. El impuesto estará en vigor en 2023 y 2024 y afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos por los grupos dominantes en el sector gasista y petrolero. En España ya se ha aplicado el mecanismo de la excepción ibérica que reduce la retribución de las tecnologías inframarginales en el mercado eléctrico, por lo que la justificación del nuevo gravamen es dudosa.
Sánchez también anunciaba un impuesto a los beneficios de la banca cosechados en los ejercicios de 2022 y 2023. El Gobierno espera una recaudación alrededor de los 1.500 millones por ejercicio, según los primeros cálculos oficiales, pero aún se desconoce cómo se instrumentará. Tras el anuncio, todas las entidades financieras se han hundido en Bolsa, con Caixabank, Bankinter y el Sabadell —las más expuestas en España— a la cabeza.
El Ejecutivo socialista justifica el tributo aludiendo a los beneficios extraordinarios que podrían recibir los bancos como consecuencia del aumento de los tipos de interés —el Banco Central Europeo aumentará los tipos de los depósitos, actualmente negativos. Lo cierto es que el BCE ya está analizando mecanismos para evitar estas ganancias, por lo que las expectativas del Gobierno —que prevé recaudar 24.000 millones— son poco realistas a falta de concretar las reformas macroeconómicas en la Eurozona.
También cabría preguntarse… ¿si los beneficios de la banca derivados de la subida de tipos son «beneficios caídos del cielo”, las pérdidas derivadas de las bajadas de tipos fueron “pérdidas caídas del cielo” a compensar por el contribuyente? Esperemos que no.
Tampoco sabemos la forma en la que se procederá a introducir estos impuestos —¿será en forma de recargo a Sociedades? Es pertinente recordar que el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la mal llamada Tasa Tobin —ni era una tasa ni fue propuesta por James Tobin— encareció la compra de acciones de empresas cotizadas y recaudó solamente un 15% de los ingresos previstos para 2021.
Algo similar sucedió con el Impuesto a los Actos Jurídicos Documentados (AJD) conocido como el “impuesto a las hipotecas”. La banca trasladó el 80% de la subida a los consumidores, con porcentajes superiores en los tramos de menor renta (Jiménez, Martinez-Miera & Peydró 2020).
La última medida anunciada por Sánchez es una beca complementaria de cien euros mensuales para aquellos estudiantes mayores de 16 años. Los perceptores serán aquellos universitarios que ya hayan recibido una beca, por lo que el impacto distributivo de la medida parece ser progresivo. Sin embargo, el efecto macroeconómico es más discutible: la tasa de ahorro en estas edades es baja y subvencionar la demanda puede dar pie a un mayor consumo y, en consecuencia, a mayores tensiones inflacionistas.
En resumen, hablamos de propuestas más efectistas que efectivas, a un año de la doble convocatoria electoral: elecciones generales y municipales. Una vez más, las grandes reformas estructurales pendientes —consolidación fiscal, reforma previsional, reforma educativa, reforma de la administración pública… — quedan suplantadas por un paquete de medidas transitorias de choque. A falta de reformas, nuevos impuestos y subsidios.
