5, 3, 4 1, 3 2, ¿y después qué?

Con el pretexto de homogeneizar los estudios superiores universitarios españoles con los de la mayoría de países europeos, el pasado 3 de febrero entró en vigor el real decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; coloquialmente conocido como decreto 3 2.

En el preámbulo se hace hincapié en la necesidad de adaptar los estudios de grado y de máster, así como los requisitos de acceso a los estudios de doctorado, a «los países de nuestro entorno». Sobre las modificaciones que comporta la aprobación del decreto, cabe destacar la del artículo 12.2 que modifica los créditos de los grados, disponiendo que tendrán entre 180 y 240 créditos, viéndose complementados por un máster que garantizará la especialización.

En resumidas cuentas, se trata de sustituir el actual sistema, en el que los grados tienen un total de 240 créditos y los máster 60 (4 1), por el sistema 3 2, esto es, 180 créditos de grado y 120 de máster.

Ahora bien, la justificación y el razonamiento del porqué de la medida que presenta el preámbulo del decreto son realmente escasos, pobres y carentes de sólidos argumentos. No quedan resueltos, entre otros, los interrogantes siguientes: ¿con qué fin se pretende equiparar? ¿Sólo para equiparar requisitos de acceso a los estudios de doctorado? ¿Con qué «países de nuestro entorno» se pretende dicha equiparación? ¿Nos referimos a países Europeos, a países de la Unión Europea o a países Africanos, también de nuestro entorno? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio? O, ¿hemos evaluado y extraído conclusiones de la implementación del todavía prematuro plan Boloña? La respuesta es un no rotundo a todas las cuestiones.

En primer lugar, la medida adoptada conlleva un grave encarecimiento de los estudios universitarios. En comunidades autónomas como Cataluña o Madrid, los estudios ya han sufrido un descomunal aumento de precio y acceder a la universidad se ha convertido en todo un lujo. Así pues, lo único que falta ahora es establecer más barreras económicas, ya que es obvio que dos años de máster y tres de grado resultarán más caros que cuatro de grado y uno de máster potestativo. De hecho, el vocablo potestativo nos da otra idea de una segunda consecuencia de la medida.

Hasta ahora, los grados cubrían con suficiencia, algunos más que otros, las materias a tratar en cada estudio. Por lo tanto, la realización del máster –salvo en contados supuestos obligatorios– se convertía en algo facultativo y de pura especialización. La implementación del 3 2 conseguirá salvar el desprestigio generalizado de los máster y reactivar su paulatino desuso actual. Con el nuevo sistema, la realización del máster se convierte en un requisito sine qua non para poder acceder al mercado laboral, pues la demanda a día de hoy cada vez es más exigente, quedando, por ende, en condición de inferioridad aquel estudiante que no posea un máster y siendo premiado el que tenga más titulaciones, ergo, el que tenga más capacidad económica para abonar el precio de las mismas.

Además, el acceso al máster suele ser bastante limitado y las plazas se reducen considerablemente en comparación con las de los grados, lo que significa que sólo una minoría podrá acceder al máster deseado. ¿Conllevará este hecho la proliferación de universidades privadas que ofrezcan alternativas a los máster de las universidades públicas? No cabe duda de que podría darse esa tesitura perfectamente.

Por otro lado, el plan Boloña se implementó hace cuatro años escasos, siendo el curso anterior el primero en que se graduaron las primeras promociones. Ello significa que el plan Boloña se halla en fase embrionaria, sin haber sido evaluado, desconociendo cómo ha afectado su implementación (positivamente o negativamente) en relación al anterior sistema de licenciaturas y diplomaturas. ¿Retrocedemos nuevamente a las diplomaturas? ¿Se ha consultado a los docentes cómo han experimentado el cambio? ¿Se ha evaluado el impacto del mismo y su evolución? Los interrogantes quedan sin respuesta.

Igualmente, tampoco sabemos cuáles serán las materias que quedarán excluidas de los grados, pues no es lo mismo establecer un plan docente para cuatro años que para  tres; la reducción de materias es algo evidente. ¿Serán los nuevos grados sólo de contenido básico y fundamentos superficiales o se profundizará en algo? Y, para mayor inri, también desconocemos cuál será el destino de los docentes que dejarán de impartir clase o verán reducido su horario lectivo, pues la carga de horas dejará de ser la misma.

Efectivamente, equipararnos con «los países de nuestro entorno», entendiendo por ello los de la Unión Europea, es algo positivo pues puede facilitar la movilidad de estudiantes y el reconocimiento de titulaciones. Ahora bien, ¿cuesta lo mismo la universidad en Francia, Bélgica o Dinamarca que en España? La respuesta vuelve a ser otro no. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Qué sólo aquellos que tienen una buena capacidad económica cuenten con las oportunidades de movilidad? Si realmente se desea fomentar el intercambio de estudiantes, las oportunidades de trabajo en el extranjero, entre otros, el primer paso a seguir es la rebaja de los precios universitarios tanto de grado pero, sobre todo, los de máster.

En definitiva, una vez más se ha puesto en jaque la inestabilidad de nuestro sistema educativo, donde las modificaciones del mismo son ya una constante. Desigualdad, elitismo, intereses privados, barreras económicas, mercantilización de la educación, entre otros, son los vocablos que caracterizan el decreto 3 2 y la dirección hacia la que se encamina el sistema de educación superior universitaria. Claro está que, si queremos cumplir con el real cometido de la educación (preparar y formar a personas para el futuro, con una enseñanza de calidad) esta no es la dirección correcta a seguir.