Esta start-up caza a más de 400 morosos en seis meses

Una factura pendiente de cobro puede tener consecuencias irreparables. Según el informe de morosidad de 2016, elaborado por la federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), aproximadamente 75.000 empresarios bajan la persiana cada año por culpa de los impagos. Un mal que, desde la llegada de la crisis, se ha extendido. No obstante, los despachos de abogados también se han hecho eco del conflicto. Demandaya, una start-up que nació hace poco más de medio año, ha encontrado la fórmula resolviendo el 90% de los 500 casos a los que se ha enfrentado.

Este inusual bufete fundamenta su trabajo en el análisis de cada disputa judicial, independientemente de la posterior resolución. Para comprobar si la demanda es viable basta con contestar una examen de ocho preguntas. Sólo existen dos supuestos en los que el impago no pueda recuperarse. El primero y más obvio es el criterio del juez y, el segundo, la solvencia del deudor.

Las cuestiones versan sobre la cuantía adeudada, el tiempo que lleva pendiente de cobro y la figura -física o jurídica- del moroso. Superados estos filtros, el cliente conoce el presupuesto estimado para iniciar su proceso. “El formulario que rellena cada afectado para conocer la probabilidad de éxito de su caso es más ágil que cualquier otro trámite”, afirma David Burgell, fundador de la compañía.

Y es que el aterrizaje ha sacudido los pilares del sector. En primer lugar, el precio. “La mayoría de pymes y autónomos que quieren reclamar una factura no necesitan una asesoría previa de un equipo de abogados, una de las partidas más caras», asevera el máximo responsable. Burgell añade que a través de la plataforma en la nube «se automatizan muchos procesos, como la recepción y clasificación de la documentación». Algo que le permite ofrecer un servicio «entre 10 y 20 veces más barato que un bufete tradicional”.

Además, la gestión on line facilita la relación entre clientes y abogados. Por ejemplo, con “la aplicación móvil puedes conocer en todo momento en qué situación se encuentra la demanda interpuesta”, añade.

“Nunca ejercemos la defensa de un deudor. Forma parte de nuestra filosofía de empresa»

Demandaya también se dirige a particulares que sufren impagos de bajo coste. El mínimo exigido para iniciar un proceso judicial es de 300 euros. “Creemos que es nuestro público porque para causas de mayor envergadura ya existen otros despachos de abogados”. Asimismo, afirma que “estudiamos situaciones de impago en los que se presupone que la vía amistosa está agotada” y que, por tanto, al acreedor no le queda otra salida que recurrir a los servicios legales. «Tampoco ejercemos la defensa de un deudor. Forma parte de nuestra filosofía de empresa», concluye el directivo.

Objetivos futuros

La decena de empleados de Demandaya junto con su red de 500 abogados y procuradores han logrado que la compañía facture 50.000 euros en seis meses. Desde la firma explican que quieren dejar atrás esta cifra en poco más de dos años, cuando superen el millón de euros estimado. Para conseguirlo, deberán cumplirse sus próximos objetivos: una expansión internacional para operar fuera de la geografía española y una ronda de financiación en la que obtengan el apoyo de algún inversor.

Al mismo tiempo, la start-up buscará integrar sus servicios en grandes empresas. Un ejemplo sería la entrada en una aseguradora u operadora móvil, dado que por su tamaño pueden “sufrir muchos pequeños impagos acumulados” a los que no se les da suficiente importancia.