Mas convierte un simple trámite del TC en un gran agravio contra Cataluña

Los partidos independentistas han puesto el grito en el cielo por el supuesto último agravio del Tribunal Constitucional contra Cataluña: la eliminación de la Agencia Tributaria. Pero en la práctica la existencia de esa Agencia no está en discusión y el Alto Tribunal lo único que ha hecho es pedir a la Generalitat que no contrate nuevos funcionarios hasta que no se dé una resolución definitiva.

El lunes pasado trascendió que el Constitucional ha admitido a trámite un recurso del Gobierno central contra la ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. Lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recurrido es exclusivamente el artículo 4 de esa norma que regula la contratación de los funcionarios.

Funcionarios de toda España

La ley prevé que la nueva Agencia contrate a trabajadores que ya estén prestando sus servicios en Cataluña. El Gobierno cree que eso es discriminatorio para otros empleados públicos del resto de España que quieran entrar en la Agencia Tributaria catalana. El recurso plantea, por tanto, que la Generalitat amplíe su abanico a la hora de contratar y fiche también a funcionarios de Hacienda de toda España.

Eso es lo único que se discute. De momento, el Constitucional no se ha pronunciado sobre la cuestión. El lunes, dictó una providencia admitiendo a trámite el recurso de Rajoy. Eso implica la suspensión de la norma recurrida, es decir, obliga a la Generalitat a frenar el proceso de contratación de funcionarios hasta que se dicte sentencia y se sepa si es legal o no cerrar las puertas de la Agencia Tributaria catalana a empleados públicos de otras partes de España.

Una montaña de un grano de arena

Pero, y debido a que esa providencia se ha dictado en plena campaña electoral, las fuerzas independentistas han visto en la decisión del Constitucional, que es puro trámite, un gran agravio, un nuevo ataque a Cataluña y un ejemplo más de la intransigencia y falta de valores democráticos del Gobierno central.

Dicho de otro modo, Junts pel sí y la CUP han hecho una montaña de un grano de arena y vendido a su electorado que el Constitucional ha prohibido a la Generalitat que ponga en marcha la Agencia Tributaria Catalana. Nada más lejos de la realidad, Cataluña tiene desde hace mucho su propia Hacienda para recaudar los tributos propios y los que le ha cedido el Estado.

«Dejar de creer en el Estado de derecho»

Pero para Artur Mas, la providencia del Constitucional es una muestra de que el Tribunal está «politizado» y es «contrario por sistema a las leyes catalanas».  Y para Raül Romeva, la decisión de los jueces «ha llevado a los catalanes a dejar de creer en el Estado de derecho». Aún más allá ha ido el diputado de la CUP Quim Arrufat, quien ha considerado que la providencia del Constitucional «certifica la muerte de la autonomía».

Algunos juristas ven detrás de estas declaraciones una mera artimaña del Govern de Mas. Creen que la ley se aprobó en un tiempo muy concreto  con vistas a que fuera recurrida por el Ejecutivo central en verano para que el Constitucional se pronunciase de alguna manera durante la campaña y hacer así del asunto un casus belli electoral, como apuntó la abogada Paz Cano, en RNE.

El Govern desoye al Constitucional

Además, la Generalitat ha desoído el mandato del Constitucional que le obliga a no contratar nuevos funcionarios para su Hacienda hasta que se resuelva el fondo del asunto. La consellera de Governació, Neus Munté, ya ha anunciado este martes que el Govern no hará caso de los jueces y mantendrá su plan de contratar a 60 nuevos empleados para su Agencia Tributaria.