El impuesto a los grandes barcos que ultima Cataluña es reprobado por el sector por su «ineficacia» medioambiental y restar competitividad
El único precedente en Europa exime precisamente al transporte marítimo exterior
Vista de un crucero en el Puerto de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta
Cataluña prevé aplicar a partir de este año un impuesto a la contaminación de los grandes barcos que llegan a sus puertos y, mientras la normativa está en fase de discusión parlamentaria, no son pocas las voces que han expresado su reprobación, sobre todo por la escasa efectividad que ven en su aplicación, al considerar que no servirá de incentivo para reducir la contaminación y, sobre todo, consideran que restará drásticamente competitividad a los puertos catalanes respecto al resto de plazas.
El impuesto, una medida puesta sobre la mesa por los Comuns que lideraba la entonces alcaldesa Ada Colau, prevé gravar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) que los grandes buques con una capacidad o volumen superior a 5.000 toneladas que llegan al Puerto de Barcelona o al Puerto de Tarragona.
Fuentes empresariales consultadas han mostrado su preocupación por el grave perjuicio potencial para Barcelona y Cataluña, ya que las navieras y compañías afectadas por el tributo pueden optar, por ejemplo, por trasladar su operativa al Puerto de Valencia y luego transportar por carretera la mercancía que debería distribuirse vía Barcelona o Tarragona. Las mismas fuentes desconfían asimismo de que exista ninguna mejora ambiental, que aún hoy está pendiente de cuantificar.
Precisamente esta “deslocalización de escalas”, además de impactar directamente en la competitividad de la economía catalana, supone poner en circulación muchos más camiones, por lo que lo consideran un sinsentido en términos de emisiones de CO2 y de sostenibilidad ambiental. Se afirma desde el sector portuario que “en un sector absolutamente globalizado, las navieras antes cambiaran el puerto de escala que llevaran a cabo inversiones multimillonarias para adecuar sus embarcaciones a las exigencias locales, generando como resultado un incremento global de las emisiones de efecto invernadero”.
De momento, está previsto que el tributo afecte al 80% de los barcos que llegan al Puerto de Barcelona, al 76% de los de Tarragona y a un 75% de los del resto de Cataluña. Ante estos porcentajes, las mismas fuentes recuerdan que, pese a la necesidad de trabajar de forma decidida hacia la descarbonización del transporte, un impuesto similar, que aspira a ser pionero en España, no cuenta con experiencias en otros países de la UE que puedan avalar sus resultados desde el punto de vista medioambiental. De hecho, fue retirado del plan de gobierno del Botànic valenciano, con Compromís en responsabilidades ambientales, por su ineficiencia ambiental.
Sí existe el precedente de Noruega, donde desde enero del 2007 se aplica un impuesto sobre las emisiones NOx a la industria y al transporte en general. Sin embargo, para el sector marítimo optaron por dejar exentos los buques en tránsito entre puertos noruegos y extranjeros, precisamente para preservar la competitividad en relación con las exportaciones e importaciones del país a escala internacional y evitar las fugas de carbono. Sí lo aplican a nivel de tránsito local y a los cruceros.
La tramitación del impuesto se halla en fase de presentación de enmiendas a la totalidad y, finalmente, los partidos han obtenido una prórroga para entrar sus propuestas de cambios. En su momento, el PSC ya mostró sus reticencias al advertir sobre una pérdida de competitividad, cuando además se está a la espera de una normativa europea. En otro sentido, desde los Comuns prevén dar un sí crítico, al ver rebajado su planteamiento inicial.
La comunidad portuaria, tanto en Barcelona como en Tarragona, ha seguido de cerca la evolución de este nuevo impuesto autonómico, que a propuesta en su día de la CUP se enmarca en el despliegue de la Ley de Cambio Climático que aprobó el Parlament en 2017. Entre sus preocupaciones, manifiestan que barcos que ya hayan hecho inversiones en términos medioambientales y de modernización de su flota serán igualmente penalizados cuando lleguen a Cataluña, pese a existir pequeñas bonificaciones.
El presidente de la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona, Salvador Richart, afirmó que los puertos catalanes tendrán una clara desventaja ante los puertos españoles y europeos. En declaraciones recogidas por el diario El Canal Marítimo y Logístico, afirmó que se sumará a otras regulaciones inminentes a nivel comunitario y, en el caso de los puertos catalanes, habrá otro coste que, aunque no sea muy elevado, no asumirán el resto de los puertos.
