Iberdrola, Endesa y Naturgy financiarán el 80% del bono social eléctrico en 2022
La CNMC establece el reparto de las obligaciones entre las comercializadoras eléctricas en función de su volumen de clientes
Las tres grandes operadoras eléctricas de España aportarán más del 80% de los fondos económicos para sufragar la financiación del bono social eléctrico, que permite a las familias más vulnerables recibir un descuento en sus facturas a final de mes si cumplen con varios requisitos.
La propuesta elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica para el año 2022 ha colocado a Iberdrola como la compañía con mayor peso, después de haber arrebatado a Endesa el liderato en la cuota de clientes. La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán concentrará el 33,6% de los fondos.
Le sigue muy de cerca Endesa, que se encargará de abonar el 33,5% de la partida para sufragar los gastos del subsidio a las familias. La empresa que dirige José Bogas vuelve a repetir en el pódium debido a su elevada cartera de usuarios.
El top 3 de la clasificación que ha preparado el Gobierno lo cierra Naturgy que también contará con una participación en la financiación del 13,6% debido a su peso en el mercado.
Total Energies y Repsol también contribuyen con un menor porcentaje
En un escalón ya más modesto aparecen otros nombres como el de Total Energies que se hará cargo del 3,9% de los fondos después de haber comprado la cartera de clientes residenciales de EDP o Repsol, al que le corresponde un cupo del 3,1% en el reparto.
Los cinco principales actores del mercado energético se responsabilizarán conjuntamente del 87,9% del bono social eléctrico, aunque las cifras han ido decayendo ya que el año pasado entre todos concentraban cerca del 90% de la inyección económica.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es la encargada de establecer los criterios de reparto y de determinar el volumen de financiación en función del número de clientes que tiene cada compañía. En esta ocasión, se ha tenido en cuenta a 314 sociedades y 24 grupos empresariales.
El reparto de la financiación se produce después de un año marcado por la crisis energética, que ha despertado las voces críticas sobre el bono social eléctrico. Las principales organizaciones de consumidores llevan meses solicitando al Gobierno que flexibilice los criterios para que alcance a un mayor volumen de población en plena fase de escalada de los precios.