Rueda aprueba sus primeros presupuestos en la Xunta para el año de las municipales

El Parlamento gallego ha aprobado los presupuestos generales de la Comunidad para 2023. Se trata de las primeras cuentas de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta que han salido adelante, sin sorpresas, con ‘no’ del BNG y del PSdeG en una votación repleta de referencias a las decisión del Tribunal Constitucional sobre la paralización de la enmienda de renovación del poder judicial. 

Los presupuestos para 2023 ascienden a 12.620 millones de euros. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha reitrado en repetidas ocasiones que son “los más altos de la historia” de la comunidad gallega. 

El dictamen del proyecto de la ley de presupuestos incorporó a propuesta de la ponencia 12 enmiendas al articulado, nueve de ellas del PP y tres del PSdeG. El BNG no ha visto aceptada ninguna de sus propuestas.

Ante las puertas del Parlamento, delegados sindicales de la CIG del área de administración, enseñanza y sanidad se concentraron para manifestar su rechazo a unos presupuestos «que no permiten recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, ni sus derechos laborales».

Estabilidad económica

En el debate parlamentario, Pedro Puy, portavoz del PPdeG, ha defendido que las cuentas «añaden un plus de estabilidad económico y financiera a la estabilidad política» que vive la Comunidad gallega. En este sentido, ha destacado que para el próximo año la «transformación energética y digital» de Galicia.

Asimismo, Puy ha destacado la «normalidad» de la tramitación de estos presupuestos, pese a lo «extraordinario» del contexto económico, social y político, y frente a la «errática» política fiscal que se está viviendo en el Gobierno central.

El diputado popular ha destacado que se trata de los presupuestos «más altos de la historia» y destacó que se destinará a gasto social el 75 por ciento, una «etiqueta», la de «social», que la portavoz nacional del BNG ha rechazado «por mucho» que se la pongan.

Así, Pontón ha criticado la «soberbia» de los populares tras haberse rechazado todas las propuestas de los nacionalistas, a lo que el diputado popular le contestó advirtiendo si también lo era entonces el PSOE en el Congreso al no aceptar las del PP.

Durante su intervención, Pontón ha incidido en cuestiones como la sanitaria, para afirmar que este «gobierno es literalmente un peligro para la salud de los gallegos» y ha vuelto a sintetizar que los presupuestos son «insolidarios e insolventes», al respecto de lo que se fijó en los documentos de la Airef.

Además, la parlamentaria nacionalista ha manifestado que es «vergonzoso» que «después de lo que pasó en este país», los presupuestos no contemplen «ni un solo euro para poner en marcha residencias públicas para atender a las personas mayores». En todo, caso, quiso «tender la mano» para que, en el último momento, se pudiesen acordar cuestiones como la subida del complemento autonómico para las pensiones no contributivas.

Las enmiendas del BNG estaban tenían un valor de 1.688 millones de euros con la idea de «ayudar a quien más lo necesita», reforzar servicios públicas y políticas de igualdad, así como apoyar el tejido productivo y «sentar las bases» del nuevo modelo productivo basado en la ciencia y para afrontar la emergencia climática.

Refuerzo de los servicios públicos

En este sentido, el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, detalló las propuestas socialistas, centradas en el «refuerzo de los servicios públicos, con la sanidad y la educación a la cabeza», y en que reclaman a la Xunta «que ejerza sus competencias en materia industrial y que aproveche la posibilidad que suponen los Next Generation.

En este sentido, el portavoz parlamentario popular ha criticado la gestión de los socialistas en el Gobierno central sobre estos fondos europeos.

Durante su intervención, Luis Álvarez ha lamentado «la falta de consideración» mostrada por el Gobierno gallego con la administración local, que mantiene «congelada» la partida destinada al fondo de cooperación local en los «mismos» 113 millones de euros de los últimos diez años, pese a los ingresos de la Xunta incrementados en 8,5 por ciento.