Xunta y Gobierno irán a los tribunales tras el enésimo choque con la Ley de Salud de Galicia
El Gobierno mantiene su recurso ante el Tribunal Constitucional después de cerrar sin avances la reunión de este lunes con la Xunta por la Ley de Salud de Galicia
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, presidentes del Gobierno central y la Xunta, respectivamente
La Xunta y el Gobierno central se verán las caras en los tribunales. El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez proseguirá con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Salud de Galicia después de que ambas partes no lograsen acercar posturas en la última reunión celebrada este mismo lunes.
Según ha detallado la Xunta a través de un comunicado, el Ejecutivo central trasladó al autonómico su intención de no retirar el recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de ser admitido a trámite por el alto tribunal.
El movimiento se produce en la víspera de que el pleno el Tribunal Constitucional se reúna, a partir de este martes, con un orden del día en el que se incluye el recurso con petición de suspensión presentado por el Gobierno central contra el artículo 38 de la normativa gallega y que, de ser admitido a trámite, dejaría sin efecto este apartado que contempla la posibilidad de imponer multas en un futuro a personas que se nieguen a vacunarse.
Críticas de la Xunta
De ser admitido a trámite, el artículo 38, que fundamentalmente es lo que el Consejo de Estado avaló al Gobierno, quedaría suspendido y, por ende, serían también inaplicables las sanciones recogidas en el artículo 41 y siguientes vinculadas a las medidas recogidas, según han explicado fuentes conocedoras del recurso.
La Xunta lamenta que se «descarte levantar la suspensión» y afirma que «lamenta y no comparte» esta decisión del Gobierno central «sin que se lleve a cabo una negociación previa en el marco de la comisión bilateral» y considera que «se produce así un trato discriminatorio frente a otras comunidades que regularon cuestiones que recoge la Ley de Salud de Galicia con una norma con rango de ley».
Pese a todo, sostiene que mantiene la voluntad de «debatir y avanzar en este tema». De hecho, el Gobierno gallego confía en llegar a aun acuerdo y ha vuelto a defender la necesidad de una norma como esta que ofrezca un marco legal para luchar contra la pandemia y que, bajo su punto de vista, «no garantiza» el Ejecutivo estatal, sobre todo una vez que se levante el estado de alarma el 9 de mayo.
La Xunta defiende que su ley se elaboró «de acuerdo a los criterios de los técnicos jurídicos» autonómicos y de los marcos constitucionales, con el objetivo de «actuar con garantías» en la crisis sanitaria. También recuerda que el Consejo de Estado sugirió en su informe sobre esta norma la conveniencia de que el propio Gobierno adecuase su legislación para la pandemia, además de «avalar» la constitucionaidad «de cinco de los seis apartados de ley gallega».
Las razones del Consejo de Estado
El informe del Consejo de Estado avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco de la ley de salud -en la que figura la hipotética obligación de vacunación-, pero también sugiere al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.
«El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que lo que dijo es que para que pudiera haber normativas autonómicas, lo que tenía que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo haga», ha significado precisamente el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda este lunes, en unas declaraciones en las que confió en que pudiese haber un acuerdo.
Así, ha remarcado que «lo único» que deseaba es que Galicia «no tuviese que afrontar» el escenario del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, «sin ninguna seguridad jurídica».
