La Xunta promete “transparencia” y “legalidad” en la ofensiva de Ferroatlántica
El Gobierno gallego se refugiará en criterios técnicos para abordar la petición de segregar las centrales, sabiendo que el proceso acabará en los tribunales
La Xunta ha fijado los criterios fundamentales para valorar la petición de Ferroatlántica, que prentende segregar las centrales hidroeléctricas que tiene en Galicia de las fábricas de ferroaleaciones para proceder a su venta al fondo Brookfield. Hay dos líneas rojas, según las enunció Alfonso Rueda: “Mantener el empleo y la legalidad”.
La postura del Gobierno gallego en el conflicto entre la plantilla de Cee y Dumbría y la compañía ha sido la de esperar a que Ferroatlántica presentar la solicitud pertinente. Ahora, Rueda entiende que hay algo “sobre lo que hacer una valoración y tomar una decisión”. En su momento, Alberto Núñez Feijóo apuntó que, según la información de la que diponía en ese momento, la segregación no era posible.
En todo caso, los criterios fijados por la Xunta son la legalidad y el mantenimiento del empleo. En el segundo caso, la compañía ya ha advertido que los puestos de trabajo peligrarán si no se produce la segregación, amenaza de cierre de plantas incluído, y que aumentarán en caso de que pueda venderlas y acometer un plan de inversiones.
El Gobierno gallego tomará su decisión amparándose en criterios legales y técnicos, sabiendo que de, una u otra forma, el conflicto acabará en los juzgados, pues tanto la plantilla como la empresa están dispuestas a pelear por sus dispares objetivos.
Antes de que se pronunciara Rueda, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, reafirmó el “compromiso absoluto” con el mantenimiento del empleo en A Costa da Morte y con la “transparencia” en el proceso de evaluación de la solicitud de Ferroatlántica. “Daremos cuenta de todo lo que ocurra en un tema muy importante para Galicia», zanjó.
