Vox se planta en el Congreso por la cesión de un impuesto a Galicia y otras cuatro comunidades
La formación que encabeza Santiago Abascal presenta seis enmiendas contra la proposición de ley para ceder el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa.
Ofensiva de Vox en el Congreso de los Diputados por la cesión de un tributo a Galicia. La formación que encabeza Santiago Abascal ha presentado en el Parlamento seis enmiendas de totalidad contra los proyectos de ley que reforman la ley del régimen de cesión de tributos del Estado.
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa pasaba por ceder a Canarias, Andalucía, Valencia, Galicia, Baleares y Cataluña el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Frente a ello, desde Vox aseguran que la cesión plena de un tributo estatal a las comunidades «ahonda en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías». Desde la formación apuestan por «un Estado en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles, independientemente del lugar en el que residan».
Los motivos del ‘no’ de Vox
En esta línea, alegan que el impuesto de residuos se configura como un tributo estatal que pretendía tener además un carácter homogeneizador, pero el hecho de que sea un impuesto cedido a las administraciones territoriales «frustra de raíz esa finalidad armonizadora, así como toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal homogéneo que sea operativo» y, de nuevo, en condiciones de igualdad.
Por ello, lamentan que la cesión del impuesto «malogra» el artículo 31 de la Constitución, que establece que los españoles «contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos (…) mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».
Además, Vox critica que se trata de un impuesto indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos autorizados o en instalaciones de incineración o coincineración autorizadas para su eliminación o valorización energética, sean de titularidad pública o privada, y siempre que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto.
De esta manera, a su juicio, «el impuesto de residuos impacta directamente sobre el tejido empresarial e industrial y lo hará, además, de forma distinta en las diversas regiones» de España, según la normativa autonómica aplicable en cada caso.
Además, Vox insiste en que el tributo provocará «no pocas ineficiencias en la gestión de los residuos y en las decisiones de los contribuyentes que, a la vista de los impuestos autonómicos aplicables, podrán comprometer, incluso, aspiraciones de dicha norma, como el principio de proximidad». El Congreso debatirá las enmiendas en la sesión plenaria del jueves de la próxima semana.
