Venezuela debe seis meses de pensión a sus jubilados gallegos

Los jubilados que cobran una pensión de Venezuela y que viven en España llevan seis meses sin cobrar su jubilación. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro paga a los jubilados residentes en Venezuela, acumula una enorme deuda con quienes viven en el exterior, a pesar del convenio de pagos bilaterales que cumple el gobierno español con los jubilados en Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro aplica un sistema cambiario que ha generado profundas distorsiones económicas y que ha hecho que el gobierno se quede sin recursos para hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores venezolanos en el extranjero. Miles de jubilados venezolanos y españoles que han trabajado y cotizado en Venezuela y que reciben sus pensiones desde Caracas afrontan una situación límite por la falta de ingresos.

Caridad para sobrevivir

El gobierno ha reconocido públicamente su incapacidad para hacer frente al gasto. En este año, los jubilados sólo han recibido un pago correspondiente a una paga extra de diciembre pasado, según han denunciado los perjudicados. Los afectados sin ningún tipo de ingreso han tenido que recurrir a las ayudas familiares o a la caridad para sostenerse.

Es el caso de María González, una gallega que trabajó 40 años en Venezuela y que hoy reside en Pontevedra. González regresó a España expulsada por las duras condiciones de vida en Venezuela, donde hay enormes colas en los supermercados y donde no se consiguen medicamentos básicos. De hecho, la jubilada, de 69 años, tuvo que emigrar de emergencia porque tenía dificultades para conseguir alimentos básicos y no encontraba medicinas.  

«Los primeros meses, recibía una pensión no contributiva del gobierno de España. Pero cuando comencé a recibir la jubilación de Venezuela, me retiraron la ayuda, al considerar que ya tenía ingresos suficientes para subsistir. Ahora, no recibo ninguna de las dos pagas y estoy en una situación de emergencia. Llevo dos meses sin pagar el alquiler y temo que me van a echar», explica la jubilada.

Casi un año sin cobrar en otros países

Los gobiernos de España y Venezuela mantienen un convenio bilateral de Seguridad Social vigente desde 1990 que beneficia a los trabajadores con derecho a prestación por accidente de trabajo, invalidez o vejez. Pero la situación económica límite del gobierno venezolano ha llevado a los jubilados que trabajaron en Venezuela y que ahora viven fuera del país a una situación límite. Los afectados comenzaron a quejarse de los retrasos en los pagos desde el año pasado.

Los pagos del gobierno de Maduro a sus jubilados en el extranjero son irregulares. En algunos países, los afectados llevan once meses sin cobrar. «Somos todos jubilados pero nos estamos organizando por Twitter para exigir al gobierno venezolano que nos pague. Llamamos casi todos los días, pero pocas veces tenemos respuesta. Parece que lo que más le molesta es que hagamos campaña por Twitter denunciando que el gobierno no nos paga lo que nos pertenece por ley lo que hemos trabajado: nuestras pagas», explica una jubilada que pertenece a una naciente asociación de jubilados afectados por los impagos del gobierno venezolano y que se manifestó esta semana frente al consulado de Venezuela en Madrid.

La cónsul de Venezuela en España, Ginette González, explicó al portal venezolano Caraota Digital, que el país vive una situación económica complicada y que «hay confusión en relación al número de meses que debe el gobierno a los jubilados venezolanos».

Sistema cambiario distorsionado

Con los ingresos petroleros desplomados, el régimen de Nicolás Maduro afronta una crisis económica sin precedentes. Por ello, el país tiene problemas para importar alimentos, completar las inversiones en plantas eléctricas y otorgar las divisas (dólares o euros) que los empresarios venezolanos necesitan para importar.

El sistema de control cambiario, casi extinto en el mundo, establece que la compra de dólares o euros necesarias para las importaciones o para que los turistas viajen al extranjero, deban ser autorizadas por una entidad gubernamental. La falta de dólares para hacer frente a los compromisos hace que el gobierno deniegue casi todas las solicitudes.

El régimen de Maduro sólo ha cumplido puntualmente con las entidades de crédito internacional. Es lo que algunos economistas como Ricardo Hausmann o Moisés Naím han llamado el «default interno».

Los pensionistas se sienten indefensos fuera del país porque entienden que no tienen dónde protestar. Creen que, a pesar de haber trabajado durante años en Venezuela y de estar protegidos por la ley y el convenio internacional, serán los últimos en cobrar.