Urkullu quiere más restricciones: pide a Sánchez mascarillas y toque de queda
El País Vasco, con una incidencia del Covid ligeramente superior a la de Galicia, reclama la obligatoriedad de la mascarilla y poder limitar la movilidad nocturna y las reuniones
El Gobierno vasco pide a Pedro Sánchez restablecer la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y herramientas jurídicas para aplicar el toque de queda y la limitación de las reuniones de personas. Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, quien aseguró que el lehendakari, Íñigo Urkullu, escribió una carta al presidente del Gobierno para trasladarle su «preocupación» por el real decreto de flexibilización del uso de la mascarilla, que a su juicio se ha traducido «en muchos casos» en el abandono total de esta protección.
Por ello le ha pedido que modifique el real decreto antes de que mañana sea sometido a ratificación en el Congreso «para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de mascarilla debe ser una obligación» y que solo pueda prescindirse de ella en «espacios naturales donde no haya concurrencia de personas».
El País Vasco tiene una incidencia acumulada de 483 casos a 14 días, superior a los 427 casos que presentaba Galicia en los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados este lunes. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, también admitió que la decisión de levantar la obligatoriedad de la mascarilla pudo ser precipitada, a pesar de ser Galicia una de las primeras comunidades en pedirla.
Inseguridad jurídica
En la misiva, Urkullu también transmite su preocupación por el alza de contagios y las «situaciones dispares» que se están dando en las distintas comunidades «como consecuencia de las decisiones de los tribunales correspondientes», que en unos casos respaldan las restricciones impulsadas en cada autonomía y en otros las tumban.
Por ello pide a Sánchez «formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y con el número personas que puedan agruparse».