Todos a una en el Parlamento: exigen una auditoría integral de Audasa

Reclamación unánime. El Parlamento de Galicia ha pedido, con el apoyo de todos los grupos, una auditoría global de la Autopista del Atlántico sobre las «deficiencias del servicio que presta la concesionaria», Audasa, que pertenece a Itínere. También reclaman investigar las obras de ampliación de Rande, que tras ser inauguradas en diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy tuvieron que continuar durante principios este año.

Además, los grupos han solicitado que «en el plazo de tres meses, se elabore un estudio de viabilidad del rescate de la AP-9 para lo público», contemplando su coste económico, el impacto tarifario para las arcas públicas y las alternativas para su financiación. Este acuerdo llega, precisamente, algo más de un mes después de que el Congreso incluya, previsiblemente, el debate de la ley para el traspaso de la AP-9, sobre el que se tendrán que posicionar todos los grupos de la Cámara Baja.

Transferencia desbloqueada

Hasta ahora, esta transferencia había sido vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desbloqueado que se debata la propuesta legislativa, si bien por ahora no ha desvelado su posición de voto.

Con todo, los socialistas han sostenido en los últimos días y de nuevo este miércoles en el pleno, que el PSdeG tiene como guía la última proposición de ley aprobada por el Parlamento, la que no incluye la posibilidad de un ulterior rescate, pero sí son favorables a la transferencia. El PPdeG, por su parte, aboga por debatir ya este traspaso en la Comisión Mixta Xunta-Estado.

Al margen de estos dos aspectos aprobados por unanimidad de la Cámara, a raíz de una iniciativa del BNG defendida por Luís Bará y tras la incorporación de enmiendas de los demás grupos, el Parlamento también ha reclamado la «apertura de expedientes informativos y sancionadores a la concesionaria por las reiteradas retenciones y atascos que se producen en la AP-9».

Los atascos y el servcio

La iniciativa también pide la aplicación de formas de compensación por la «no adecuada prestación de servicio en las jornadas en las que se produjeron retenciones». Y pide, después de que «el Gobierno levantase su reservas, que realice las gestiones oportunas con el objetivo de alcanzar en el menor plazo posible la transferencia» a la comunidad gallega de la autopista.

También se incluye la reclamación de que el Ejecutivo central lleva a cabo las «actuaciones necesarias tendentes a la minoración de los peajes para la ciudadanía, incluyendo en este sentido las propuestas de modificación de las cláusulas actualmente en vigor con la concesionaria».