Teresa Ribera emerge como ministra clave en el futuro de Galicia
Al margen de las dos ministras gallegas, Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, debe dar una solución para Alcoa y Endesa
Las caras del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van descubriendo poco a poco. Después de que Unidas Podemos adelantase el nombre de sus ministros, el presidente socialista movió ficha. Este jueves no solo confirmó que la ferrolana Yolanda Díaz, así como Alberto Garzón, Manuel Castells e Irene Montero formarán parte de su Ejecutivo junto a Pablo Iglesias, también comenzó a desgranar sus áreas de gobierno, poniendo el foco mediático sobre las tres ministras que acompañarán al líder de la formación morada al frente de las vicepresidencias. Carmen Calvo, la coruñesa Nadia Calviño y, en último lugar, Teresa Ribera, la política que durante los últimos meses alentó el cierre de la térmica de As Pontes por parte de Endesa. Con sus nuevas atribuciones, la madrileña emerge como una figura clave en el presente y futuro de una Galicia que este otoño celebra elecciones autonómicas.
Efectivamente, el nuevo Ejecutivo central contará con dos ministras gallegas: Yolanda Díaz, que ocupará la cartera de Trabajo (aunque sin las competencias de la Seguridad Social) y Nadia Calviño, que ostentará una vicepresidencia económica como ya prometiera Pedro Sánchez en campaña. No obstante, la cartera de Ribera se antoja mucho más determinante para el futuro inmediato de la comunidad gallega. De su vicepresidencia dependerán las áreas de Transición Ecológica –fundamental para el presente de Galicia como zona afectada por la descarbonización y por el precio de la energía para la gran industria– y Reto Demográfico, otro epígrafe decisivo en el futuro de una comunidad fuertemente envejecida y con un importante éxodo rural.
Los deberes de Ribera
El acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos el pasado 31 de diciembre especifica que la transición ecológica es uno de los retos claves de la nueva coalición. Ribera tendrá que lidiar con la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por el Ejecutivo entrante, así como deberá poner en marcha el Plan Nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura. No obstante, antes de eso, la ministra debe saldar la deuda que desde hace meses mantiene con la gran industria gallega.
Con el nuevo gobierno conformado, Ribera ya no tendrá ninguna prórroga más para poner en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, reclamado una y otra vez por Alcoa y los grandes consumidores gallegos, como Ferroatlántica, Celsa y Megasa, para regular de forma estable el precio de la energía.
El conflicto de Alcoa
Ribera es consciente de que tiene muchos frentes abiertos en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra ella una y otra vez al considerarla responsable de la situación que atraviesa no solo la térmica de As Pontes, sino también la factoría de Alcoa en San Cibrao, que el mandatario sitúa próxima al cierre. El líder gallego no solo reclama la inmediata puesta en marcha del estatuto de las electrointensivas, sino también la ampliación de las ayudas por capacidad, una partida a la que hace cinco años se llegaron a destinar 900 millones de euros de recursos públicos y que fue ideada para las centrales que, como las grandes térmicas gallegas, emiten más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido.
Esta reivindicación generará, sin duda, un nuevo punto de tensión entre Ribera y Feijóo, teniendo en cuenta que la letra pequeña del acuerdo entre PSOE y Podemos pasa por la revisión de los pagos por capacidad. Mientras que la Xunta quiere ampliarlos, el Ejecutivo central apuesta por limitarlos a medidas «condicionales, transitorias y de último recurso, siempre de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad».
De la subasta de interrumpibilidad al cierre de As Pontes
Al margen de la lucha política, la ministra está también en el punto de mira de los grandes consumidores eléctricos gallegos, especialmente, después de la última subasta de interrumpibilidad, que fue organizada por su departamento y llevada a cabo por Red Eléctrica. La misma asestó un fuerte tijeretazo a las ayudas que recibe la gran industria. De hecho, la puja de potencia interrumpible para el primer trimestre de este año se saldó con la asignación de 1.000 megavatios a 30 empresas por 4,38 millones de euros, una cifra irrisoria para un sector golpeado por el precio de la energía.
El desarrollo de esta última puja tuvo nefastas consecuencias para el sector industrial gallego. No solo Alcoa ha indicado que era muy difícil asegurar su permanencia con los actuales precios de la energía, sino que Ferroatlántica anunció que también revisará sus inversiones en Galicia.
A mayores, Ribera tendrá que desarrollar “planes de acción urgente” para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón. De nuevo su agenda impacta en Galicia, que tendrá que hacer frente al cierre de la térmica de Meirama, explotada por Naturgy, y la de As Pontes, siendo la intención de Endesa comenzar su desmantelamiento a finales de 2021. También aquí Ribera se encuentra con la férrea oposición del líder del gobierno gallego, que aboga por el mantenimiento de la térmica y que la acusa de no tener plan alternativo y de no haber estudiado opciones que conllevaran el mantenimiento en activo de la planta de As Pontes.
Demografía
Por otro lado, en su nueva vicepresidencia Ribera deberá afrontar el reto demográfico, cuestión que también impacta en la comunidad. El nuevo gobierno apuesta por crear una estrategia de lucha contra la despoblación y se ha comprometido a «extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población». Promesa difícil de cumplir en una comunidad en la que 245 de sus 313 concellos han perdido población de forma constante en los últimos 40 años, según los datos del padrón de 2019.
Una vez más, sus competencias confluyen con las de la Xunta de Galicia de Núñez Feijóo, que ya ha indicado que su plan estratégico 2020-2030 tiene en la dinamización demográfica uno de sus principales retos.
Año electoral
Todos estos mimbres hacen de la de Ribera una vicepresidencia clave para Galicia. Además, una hipotética desinversión en año electoral por parte de Alcoa o un mal giro en el proceso de transición de Endesa podrían ser usadas como ariete por el PP gallego contra el PSOE y Podemos. De hecho, los conservadores gallegos basaron su última campaña electoral en responsabilizar al gobierno de Sánchez de la situación de «emergencia industrial» en la que está inmersa la comunidad.
