Santiago se libra de indemnizar a la ex asesora del PP
El Tribunal Superior de Xustiza tumba la reclamación de 92.000 euros que presentó Susana Bastón, ex asesora del PP, contra el Ayuntamiento de Santiago
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso presentado por la ex asesora del grupo municipal del PP en el Concello de Santiago contra su cese. Susana Bastón, nombrada como personal de confianza en la asesoría de comunicación de los populares, reclamaba la readmisión en su antiguo puesto o una indemnización de 92.000 euros que deberían abonar las arcas municipales.
La trabajadora fue cesada a la llegada del ex conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, a la capital gallega tras las dimisiones de dos regidores populares imputados en distintos casos de corrupción. Tras perder la alcaldía en las municipales de 2015, Hernández cesó a Bastón, que desde el año 1.993 prestaba servicios a los populares. La ex asesora logró que el juzgado de lo Social número 3 de Santiago fallara a su favor, sentenciando que debía ser readmitida o indemnizada con 92.000 euros. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza rechaza tales pretensiones.
La Sala concluye que era personal de confianza
La Sala de lo Contencioso Administrativo entiende que se trataba de personal eventual que trabajaba en exclusiva para un partido, el PP. “Siempre fue nombrada para prestar servicios a un concreto grupo político, en las dependencias de ese grupo dentro del Concello y bajo su jerarquía y dependencia, con estrecha vinculación a ese partido y sin que conste que en los períodos intermedios entre los nombramientos sucesivos, percibiese directamente retribuciones del Ayuntamiento demandado en contraprestación a sus servicios”, concluye el tribunal.
Rechaza así el argumento central de Bastón, quien defendía que sus funciones no se correspondían con las de personal de confianza, sino que realizó “las mismas tareas que el resto del personal administrativo municipal”. La Sala desestima en base a ello el recurso presentado por la trabajadora contra una sentencia previa del mismo tribunal que había anulado la sentencia de primera instancia favorable a sus intereses.