Sandra Ortega, Cebrián… Las sicavs, en el punto de mira del Gobierno
Frente al plan inicial de Podemos, que era eliminar estas sociedades de inversión de grandes patrimonios, el pacto con Sánchez establece "mayor control"
Vientos de cambio para la regulación de las sociedades de inversión en capital variable, comúnmente conocidas como sicavs. Muy lejos de los planteamientos iniciales de Unidas Podemos, que directamente pedía la supresión de este instrumento de inversión de grandes fortunas con una tributación laxa, el pacto firmado entre Sánchez e Iglesias que ahora se pondrá en práctica pasa por establecer un «mayor control» sobre estas sociedades de inversión, a las que están abonados grandes patrimonios gallegos.
Sandra Ortega, la primogénita del fundador de Inditex y segunda accionista del grupo; Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general del gigante textil, y Luis Fernández Somoza, al frente de Inversiones Subel y expresidente de Transportes Azkar, se encuentran entre la selecta nómina de empresarios gallegos que recurren a las sicavs como vehículo para canalizar sus inversiones.
De lo dicho a lo firmado
El pacto firmado entre Sánchez e Iglesias deja a medio camino muchas de las medidas irrenunciables de Unidas Podemos. Sucede con el impuesto a los ricos que quería crear, con el fin de recaudar un 1% del PIB gravando a patrimonios superiores a un millón de euros. Y otro tanto semeja que ha sucedido con las sicavs si se atiende al documento firmado entre el PSOE y la formación morada.
Ambas fuerzas, ahora coaligadas, se han comprometido a ejercer un mayor control sobre las sicavs, que suelen tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades mientras se mantiene la inversión y no se retiran los fondos destinados a estos vehículos. PSOE y Unidas Podemos entran de lleno en una batalla supervisora, la que han mantenido durante los últimos años los servicios de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los inspectores de Hacienda.
El control, para Hacienda
«Otorgaremos a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicavs en la normativa financiera». Es decir, el control pasa de la CNMV al fisco, aunque limitado. «Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las sicav del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva», dicen en el documento firmado.
Y PSOE y Unidas Podemos ponen supuestos a corregir en esta línea. Por ejemplo, «estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor, incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas». Tradicionalmente se han detectado casos de muchas sicavs en las que una persona tenía casi todas las acciones y se incluía a hombres de paja para alcanzar el nivel mínimo de cien accionistas que exige la ley. Son los comúnmente conocidos como «mariachis» en el argot financiero. Esta es una de las prácticas que se proponen ahora corregir tanto PSOE y Unidas Podemos desde el Gobierno.
De Sandra Ortega a Rodríguez Cebrián
Históricamente, grandes fortunas gallegas han estado abonadas a estos instrumentos. En la actualidad, Sandra Ortega atesora más de 300 millones en su sicav, Soandres, mientras que el sobrino político de Amancio Ortega, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, controla junto a su mujer otras dos sicavs que cuentan con activos superiores a los 33 millones.
Completa la terna Fernández Somoza, con Currelos y Guntín de Inversiones, que mueven un capital de más de 180 millones. Empresarios como Amancio Ortega, y más recientemente Manuel Jove, optaron por reconvertir sus sicavs en sociedades anónimas en los últimos años.
Sin amnistías fiscales
El Gobierno se propone también aprobar la denominada Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Dentro de esta estrategia quieren actualizar la lista de paraísos fiscales, así como «potenciar la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y, además, se prohibirán las amnistías fiscales».
El documento sellado entre ambos líderes hace una semana y media establece también «ampliar el listado de deudores a la Hacienda Pública, se introducirán límites más rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el «software» de doble uso y se impulsará la unidad de control de grandes patrimonios».
