Sánchez echa gasolina al Supremo con el ‘procés’ al fondo
El presidente de Gobierno, una vez más, ha optado por la vía del oportunismo populista
El mayor daño provocado por el Tribunal Supremo ha sido contra su propio prestigio. Todo para girar 360 grados y quedarse en el mismo lugar en el que se encontraba al iniciar esta locura. Una actuación, la del Supremo, que es un compendio de estulticia, torpeza y, a lo mejor, mala fe o defensa de intereses particulares frente al bien común.
Sin duda, el propio Supremo y seguro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen que abrir una escrupulosa investigación y sancionar a quienes resulten responsables de este estropicio. Es la única medida posible para intentar restaurar el prestigio que ha perdido la más alta institución de la justicia –dejando aparte el Tribunal Constitucional — en este sainete irresponsable.
Naturalmente que el Tribunal Supremo está sujeto a la crítica. En este caso, además a la indignación. Ante unos hechos como estos, no solamente existe el derecho a pedir responsabilidades, sino que es además la obligación. Pero lo más urgente e importante es buscar las vías para que el Supremo recupere rápidamente la confianza de los ciudadanos y el prestigio de su equidad, independencia y eficacia.
¿Cómo deben y debían haber reaccionado los demás poderes del Estado?
El presidente de Gobierno, una vez más, ha optado por la vía del oportunismo populista. Sin esperar siquiera a la celebración del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, en vez de actuar de bombero para empezar a extinguir este fuego, optó por la vía de incendiario.
En su intervención ante la prensa obvió que el reglamento hipotecario y la regulación del pago de los impuestos en cuestión podían haber sido modificados por las Cortes Generales de los gobiernos del PSOE y del PP. Con una chapuza impresionante, el Tribunal Supremo no ha inventado ahora el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que estaba ya vigente el 18 de octubre, fecha en que se produjo la sentencia que después ha revocado el propio TS y que han estado pagando los ciudadanos desde hace más de veinte años.
Pedro Sánchez tenía dos caminos para actuar después del despropósito del Supremo. El primero, que hubiera sido el más honesto y menos oportunista, anunciar que después de las dudas y rectificaciones del Supremo, el Gobierno iba a modificar la legislación hipotecaria.
Sánchez tenía alternativa: adelantarse al Supremo y anunciar una modificación de la legislación
Ello hubiese evitado que la decisión instantánea de una modificación exprés por decreto ley se interpretara como una desautorización del Tribunal Supremo y una legislación para dejar sin efecto una sentencia, que por muy chapucera que sea, nadie responsable se ha atrevido a calificar de ilegal o prevaricadora.
Con esa iniciativa hubiera conseguido el objetivo político de que los bancos finalmente paguen ese impuesto y no como una corrección al Tribunal Supremo.
Ha optado por la segunda vía de claro tinte populista. Se ha presentado como el redentor de los ciudadanos frente a un impuesto injusto que durante veinticinco años nadie había puesto en cuestión.
Grupos de personas se concentraron ante la sede del Tribunal Supremo. EFE/Rodrigo Jiménez
Durante su conferencia de prensa para anunciar el decreto ley, no pudo estar más tibio en apoyar la independencia del Tribunal Supremo. Una referencia formal y un cúmulo de insinuaciones sutilmente formuladas sobre lo ocurrido que trasladaron la sensación de su desvinculación del problema que significa, más en estos momentos previos al juicio del procés, que se expandan dudas sobre la independencia de la Justicia.
No se puede obviar que llueve sobre mojado. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, estaba seguro de que existía delito de rebelión en los líderes independentistas.
El presidente del Gobierno se ha dado el lujo de afirmar que no existe ese delito y, además, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para cambiar la acusación por sedición. Una manera también oportunista de negar el respaldo que antes había dado a la instrucción de la causa en el Supremo.
Lo responsable ante la situación actual exigiría la grandeza de una mixtura entre la crítica a una actuación reprobable, pero no ilegal en el tema de las hipotecas, con una defensa cerrada de la imparcialidad del Tribunal Supremo como garantía de un estado democrático.
Y el independentismo espera su momento
En muchos sectores sociales existe una gran preocupación por el creciente deterioro institucional de España. Existen ofensivas que no pueden ser consideradas más que sincronizadas. La ofensiva contra el Rey, que no dudó en salir a plaza pública para defender la Constitución, y que ahora es objeto de una campaña desde las fuerzas secesionistas y Podemos y sus confluencias, para instalar la República.
Y la otra ofensiva, sincronizada con la primera, contra el Tribunal Supremo en el momento en que va a empezar uno de los juicios más trascendentales de la democracia española.
Negar el máximo apoyo al más alto tribunal jurisdiccional es un acto de irresponsabilidad con la democracia
En esas circunstancias, negar el máximo apoyo al más alto tribunal jurisdiccional no puede entenderse más que como un formidable acto de irresponsabilidad con la democracia.
No es complicado traficar dialécticamente con sal gruesa. Son más fáciles esos aplausos de Robin Hood que la prudencia exigida para defender la democracia y la solidez del estado, primera obligación de un estadista.
El socio de Sánchez, Podemos, convoca manifestaciones frente al Tribunal Supremo. El presidente disiente de lo que antes proclamaba y se alivia de formular apoyos sólidos a la independencia del Supremo.
Da toda la impresión de que se están sembrando vientos que traerán tempestades.
