Sáenz de Santamaría impone la línea blanda sobre el referéndum

Nervios. Por parte de todos, del gobierno español y del gobierno de la Generalitat. El soberanismo iniciará en menos de diez días una campaña por todo el territorio para explicar la ley del referéndum. Pero en el Ejecutivo español se quiere manejar la situación con cierta calma. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha impuesto la línea blanda sobre el referéndum, aunque pueda suponer un riesgo, y pese a las presiones internas en el mismo Gobierno y por parte de los medios afines, que se lamentan de que no se haya aplicado ya el artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría tiene toda la confianza de Mariano Rajoy, aunque algunos dirigentes del PP y miembros del Gobierno crean que puede estar ya “desbordada” por los pasos que está siguiendo el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont. Con todos los escenarios analizados, la vicepresidenta sabe que “lo que quiere el soberanismo es que el Gobierno protagonice una sobreactuación, que no se dará”.

Miembros del Ejecutivo ven a Soraya «desbordada» por el asunto catalán

Sin embargo, esas palabras, en público y en privado, no pararán los planes de Puigdemont, según otros dirigentes del PP y miembros del Gobierno. Sobre esa cuestión, como sobre la propia gestión en otras áreas, se mantiene el pulso entre Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, más partidaria de medidas claras y contundentes. Prueba de ello son sus constantes apelaciones al papel que tiene el Ejército para garantizar la unidad territorial del Estado, apelaciones que suponen un auténtico dolor de estómago para la vicepresidenta y para el mismo Rajoy.

Cospedal sigue pensando en el PP, en la firmeza que el Gobierno debería mostrar ante el referéndum, de cara a esa parte de españoles preocupados. Pero Rajoy y Santamaría sólo quieren que las aguas no salgan de su cauce.

Los recursos ante el Tribunal Constitucional caerán uno detrás de otro una vez el Gobierno catalán tome medidas concretas, desde la admisión a trámite de la ley del referéndum en la Mesa del Parlament, hasta su aprobación en el pleno. El gobierno catalán ha previsto que sean todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP los que firmen la ley, por lo que la ley recaería en todos ellos, o, por lo menos, –según los expertos consultados– en los miembros de la Mesa y en los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios.

El Gobierno aunque quisiera ya llega tarde para aplicar el artículo 155 de la Constitución

A partir de ahí, a esperar nuevas acciones del Govern de Puigdemont, con dos posibilidades: la que permite el Tribunal Constitucional, para parar las acciones de la Generalitat, y la posible apelación a la Ley de Seguridad Nacional, que habilita al Gobierno a asumir de forma temporal competencias sobre los Mossos d’Esquadra.

Lo que está descartado es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que podría suponer una suspensión, en la práctica, de la autonomía. Por dos razones, porque Rajoy, según las fuentes del PP consultadas, nunca ha pensado en esa posibilidad de forma real, y porque si quisiera ya no está a tiempo. Algunos constitucionalistas, como Jorge de Esteban, alertan que para poder aplicarlo se necesitarían, para su desarrollo, de entre tres y cuatro meses, dadas las medidas garantistas que se prevén en la Constitución. Es decir, llega tarde, si se quiere que tenga utilidad para el 1 de octubre.

Cospedal provoca dolores de estómago en Rajoy y en Sáenz de Santamaría con sus salidas de tono

Pero se han prodigado los editoriales y los análisis de distintos medios, algunos afines al Gobierno, que insisten en que no se deje de lado el artículo 155. Otros, advierten sobre lo que comportaría, y es que el Gobierno español no se puede permitir que el independentismo saque pecho al forzar a todo un estado a tomar medidas drásticas que podrían ofrecer la imagen de un ejecutivo autoritario. Justo lo que busca el soberanismo. Sáenz de Santamaría lo sabe, y ha dado indicaciones: “ni una palabra más alta que otra”. Y eso va por Cospedal.

El problema para el Gobierno es conocer hasta qué punto el presidente Puigdemont está dispuesto a correr riesgos. Y qué acciones se tomarán este mismo mes de julio, y a lo largo de agosto, de cara a inflamar la movilización de la Diada del 11 de septiembre.

Un dirigente del bloque soberanista asegura que se mostrará “todo lo que se va a aprobar, con toda la hoja de ruta hasta el 1 de octubre”, como si se colocara la muleta ante el toro, pero que, sin firmar ni aprobar no tendría, todavía, validez. En esa guerra de nervios que le plantea el soberanismo, Rajoy y Sáenz de Santamaría no quieren entrar. Pero no todos lo ven igual en el Gobierno, y la tensión se incrementará en las próximas semanas.