Rueda echa un pulso al Gobierno y tramita una ley autonómica para regular el litoral
La Xunta avanza en la tramitación de una norma propia de ordenación ante la negativa del Ejecutivo central a transferirle la competencia de costas
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pretende mantener un pulso en toda regla con el Gobierno central a cuenta de las competencias autonómicas. El Ejecutivo gallego pretende desarrollar una ley propia de ordenación del litoral que pretende “regular” el espacio y “dar seguridad jurídica” a los titulares de instalaciones que “lícitamente” están en dominio público marítimo.
El mandatario gallego asegura que toma esta determinación ante la negativa de los de Pedro Sánchez a transferirle las competencias de costas.
El anteproyecto de esta norma ha sido analizado en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico y sus detalles los han explicado el presidente gallego y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en una comparecencia posterior en la que han ratificado que, una vez se apruebe esta ley, Galicia se convertirá en “la primera comunidad en regular su franja costera”.
Competencias de gestión del litoral
Lo hará con la esperanza, ha recalcado Rueda, de frenar decisiones estatales que solo aportan «inseguridad jurídica«, toda vez que el Gobierno mantiene por el momento la negativa a transferir a la Xunta la competencia de costas.
Tras la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que había mantenido en julio, Rueda trasladó que había recibido un «no rotundo» del mandatario estatal a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral. Pero aún así dejó en La Moncloa el informe del Consello Consultivo que «avala» tal cesión sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, como anima a hacer el Ejecutivo estatal.
Aprobada el próximo año
Este mismo jueves Rueda se ha reafirmado que no hay «respuesta» y ha indicado que, por su parte, la Xunta no se ha quedado quieta y ha elaborado una ley propia para el litoral, que buscarán que sea «muy participada y transparente». El objetivo es que la norma quede aprobada y entre en vigor el próximo año 2023.
Según ha explicado la conselleira, será una ley «realista, razonable y adaptada» a la realidad gallega, que regulará la zona terrestre e intermareal, y también la marina hasta las 12 millas. Buscará, asimismo, que exista un «equilibrio» entre el respeto medioambiental y actividades «claves» para la economía de la Comunidad, como pueden ser las acuícolas o las conserveras.
Tres franjas de protección
De este modo, el territorio que regulará esta norma se dividirá en tres franjas con distintos niveles de protección, desde la más exigente, hasta la de protección intermedia y un tercer estadio referido a zonas que ya están urbanizadas y que, a juicio del Ejecutivo autonómico, «no tiene sentido renaturalizar».
En estos casos –por ejemplo, el dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros–, la Xunta contempla «rehumanizar» estos espacios y «fomentar la dinamización económica y social, al tiempo que se mejoran y renuevan los equipamientos o se preserva el patrimonio cultural.
Un seguro para el sector pesquero
La ley contempla, asimismo, siete usos «estratégicos» del litoral gallego con el objetivo también de preservar la seguridad jurídica de instalaciones «preexistentes»: cadena mar-industria alimentaria, sostenibilidad socioeconómica del sector pesquero, marisquero y acuícola, interacción puerto-ciudad, patrimonio cultural, turismo litoral, sendas costeras y dotaciones públicas esenciales de tratamiento de aguas.