Rueda carga contra el fallo por las herencias en vida y cree que perjudicará a 200.000 gallegos

Un fallo «injusto». Así ha calificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) con la que avala que las denominadas herencias en vida tributen en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al considerar que no existe doble imposición puesto que la capacidad económica que tributa en él es diferente de la gravada por sucesiones y donaciones.

Tras la reunión del Consello el presidente autonómico ha asegurado que, «desde el respeto», lamenta la decisión del TC y ha incidido en que «muchísimas personas» se acogieron a un modelo que ha identificado como «una institución del derecho civil gallego». 

El mandatario gallego ha abierto la puerta a «estudiar si hay posibilidades de articular algún tipo de compensación» para los afectados que, según los cálculos de la Xunta, podrían rozar los 200.000 en la comunidad, los que se acogieron a pactos sucesorios entre 2016 y 2021, cuando la ley vetó los beneficios fiscales de este modelo. 

Recurso de inconstitucionalidad de la Xunta

Estas declaraciones se producen después de que este miércoles se hiciese público que los magistrados del Pleno del TC desestimaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios, en los que una persona entrega en vida a uno de sus herederos unos determinados bienes a cambio de no heredarle el día de mañana.

Fue en mayo de 2022 cuando el órgano de garantías admitió a trámite el recurso de la Xunta con la ley estatal de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que obliga a pagar los correspondientes impuestos por bienes de herencias en vida de hasta un millón de euros que se vendan antes de cinco años.

En 2021, el Gobierno y la Xunta accedieron a negociar en relación a las discrepancias manifestadas por el artículo tercero de esta ley, que modifica cuestiones relacionadas con el IRPF, así como con la disposición transitoria primera 4 sobre la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo, y el asunto acabó en el Constitucional. 

«Creemos que es injusto equiparar las donaciones con pactos sucesorios y que supone doble imposición para muchas familias gallegas», ha afeado Rueda, quien ha incidido en que «se presupone un afán defraudador» por parte de los miles de gallegos que se acogen a este modelo.

«Lamentamos una subida fiscal impulsada por el Gobierno central que afectará a muchos gallegos y que va en contra de una institución de nuestro derecho civil», ha remarcado, antes de insistir en que los juristas de la Xunta «veían argumentos jurídicos» sólidos para sustentar el recurso autonómico. «Los dos votos particulares del TC lo confirman», ha apostillado.

Posibilidad de compensación

Preguntado acerca de si se plantea impulsar cambios en la normativa fiscal autonómica para compensar los efectos de la decisión del TC, Rueda ha replicado que «la solución normal» era que el Gobierno hubiera atendido a los planteamientos de la Xunta, y ha recordado que él mismo participó en su día en alguna comisión bilateral encaminada a ello, que no dio resultados positivos a las pretensiones gallegas.

En todo caso, se ha abierto a estudiar si hay opciones de compensación tras analizar «los efectos socioeconómicos» de una sentencia que tiene «un número muy elevado» de potenciales afectados –casi 200.000, según han precisado posteriormente fuentes de la Administración autonómica–.

«Veremos las consecuencias y si hay posibilidades de compensarlos», ha aseverado el presidente, aunque ha admitido que hacerlo supondría «un esfuerzo de la hacienda autonómica y de todos los gallegos» para paliar una decisión que ha reprochado reiteradamente al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.