Revilla se une a Feijóo en la cruzada contra el estatuto para Alcoa
Galicia, Asturias y Cantabria presentarán alegaciones conjuntas este jueves para que el estatuto eléctrico contemple mayores ventajas fiscales
Confirmado. Los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria presentarán este jueves alegaciones conjuntas al proyecto del Consumidor Electrointensivo del Ministerio de Industria. Los tres Ejecutivos han decidido conformar un frente común a pesar de la distancia entre sus siglas. En la comunidad gallega gobierna el PP de Alberto Núñez Feijóo, en Asturias el PSOE y en Cantabria el Partido Regionalista Cántabro de Miguel Ángel Revilla, cuyas relaciones con Pedro Sánchez no pasan por su mejor momento.
Este jueves, el Gobierno del Principado indicó que ha llegado a acuerdo tanto con la Xunta como con Cantabria para presentar alegaciones. Los tres territorios cuentan con empresas directamente afectadas por el precio de la energía. En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha incidido en que los tres gobiernos autonómicos han coordinado las alegaciones, atendiendo al análisis técnico y con la participación de las empresas y sectores afectados por el real decreto. Además, no se descarta que una cuarta comunidad se adhiera al acuerdo.
Una figura especial para la gran industria
Tal y como ya se indicó desde la Xunta una de las principales reclamaciones que harán las tres comunidades pasa porque el estatuto contemple la figura del consumidor hiperelectrointensivo, empresas, como el caso de Alcoa en Galicia, que tienen un consumo eléctrico mucho mayor del resto de firmas que pueden acogerse a los beneficios de este futuro decreto ley (612 en toda España, según el proyecto del Ministerio de Industria).
En esa línea, se busca elevar la rebaja en el precio de la electricidad hasta los 10 euros para las empresas altamente electrointensivas, que el documento inicial fija en una media conjunta de 2,25 euros/MWh. Otra alegación relevante para este tipo de industria es el incremento de las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 hasta «el máximo» normativo que permite la UE y que podría rondar los 300 millones de euros anuales.
Recuperar la interrumpibilidad
Además, pretenden llevar las reducciones de cargos hasta el límite máximo permitido por la Unión Europea, así como una rebaja en la fiscalidad para la industria altamente electrointensiva superior a la actualmente reflejada en el borrador.
También se demandan más incentivos para los contratos bilaterales en el sector eléctrico (PPA) y la recuperación de la interrumpibilidad con el formato previo a la última subasta, entre otras alegaciones recogidas en el documento de once páginas.
