Recuperación «inmediata» del Pazo de Meirás, en el acuerdo de gobierno
PSOE y Unidas Podemos ponen como prioridad que la que fuera residencia estival de Franco pase a ser patrimonio público
El PSOE y Unidas Podemos ponen la “recuperación inmediata del Pazo de Meirás” entre las medidas urgentes de su acuerdo de gobierno.
Ambas formaciones han pactado esta actuación para que la que fuera residencia estival del dictador Francisco Franco pase a patrimonio público. El movimiento de PSOE y Unidas Podemos se produce después de que la Abogacía del Estado presentase en julio en los juzgados de A Coruña una demanda contra los herederos de Franco por la propiedad del pazo, una decisión acorde con las peticiones que desde Galicia se han hecho en los últimos años para que este inmueble vuelva a ser de dominio público.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió la semana pasada que en Meirás «hay elementos jurídicos objetivos y objetivables para reivindicar la titularidad pública de este inmueble y no hay discusión de si es este pazo u otro», después de un fallo judicial que dio la razón a los Franco en relación a las estatuas del Mestre Mateo.
Exhumaciones
En paralelo, las formaciones encabezadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también han acordado la implementación de un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos.
También en relación con este tema, acuerdan desarrollar «actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura» -el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio-, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En último lugar, se comprometen a «estudiar todas las vías legales» para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.
