Rajoy y Montoro, noqueados por el boomerang de la amnistía fiscal

Como un boomerang. El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha querido «sobreactuar», según fuentes conocedoras de la investigación a Rodrigo Rato. Las afirmaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la actitud del Ejecutivo, «sin mirar el color de los investigados», trata de esconder el pecado original: la decisión de impulsar, en 2012, una amnístia fiscal que acabó resultando «un premio» para los defraudadores.

En vísperas de una campaña electoral que para el PP es decisiva, con todo el poder territorial en las autonomías y los ayuntamientos en juego, la detención de Rato no es una cuestión personal que sólo afecte al que fue el todo poderoso vicepresidente económico de José María Aznar.

«Lo que le viene encima al Gobierno»

No lo puede ser porque es el resultado de una investigación de Hacienda a partir de las propias decisiones del Ejecutivo, «que podría no controlar lo que se le viene encima», según apuntas las mismas fuentes.

De los 31.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía en 2012, Hacienda extrajo una lista de 705 ciudadanos de una especial relevancia social, que se envió al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Sospechas de blanqueo de dinero

Aquí hay interpretaciones diferentes. Una de las ideas es que se hizo esa selección ante la «sospecha» de que había delitos de blanqueo de dinero, pero cuando uno se acoge a una amnistía fiscal se entiende que es porque «se ha blanqueado dinero» y, en ese momento, tras regularizarse, con el coste económico que se fije, ese delito quedaría zanjado.

El caso es que en esa lista hay jueces, y ex altos cargos, como ha ocurrido con Rato.

El inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, carga contra la propia decisión del Gobierno en 2012. «Es una medida que deslegitima el sistema fiscal, porque premia a los que defraudan, y eso supone castigar a los que cumplen con sus obligaciones».

Una medida, además, que «fracasó»

Y eso, ahora, con el caso Rato, «se pone de nuevo en el foco político, se pide otra vez explicaciones por una decisión que no tuvo sentido». Ese foco es el que sitúa contra las cuerdas a Rajoy y al ministro Montoro, porque la oposición y la opinión pública quiere más explicaciones.

De la Torre recuerda, que, por otra parte, la amnistía fracasó. Pretendía recaudar 2.500 millones de euros, y no llegó a recaudar ni la mitad, unos 1.193 millones de euros. Este inspector, autor del libro Hacienda somos todos, rechaza el argumento del Gobierno de que la medida permitió aflorar nuevas bases imponibles.

«Se ha señalado que la amnistía permitió aflorar 40.000 millones de euros de bases imponibles, pero realmente no lo son, porque se trata de patrimonio de defraudadores. Y es que una base imponible es algo sobre lo que se paga un impuesto, y en la amnistía, una vez se paga el 10% sobre la parte que no ha prescrito, no hay más impuestos que pagar. Pese a todo, el resultado fue una tasa efectiva inferior al 3% sobre el importe aflorado».

¿En la etapa como director-gerente del FMI?

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, entiende que el posible blanqueo de capitales de Rato se produjo en los años anteriores a los que se integraron en la amnistía fiscal, que fueron 2008, 2009 y 2010. Si se tiene en cuenta que el delito de blanqueo prescribe en 10 años, las actividades de posible delito se podrían haber cometido entre 2004 y 2007. En ese momento, Rato era director-gerente del FMI, un cargo que está exento de impuestos.

Otras fuentes apuntan a que el nombre de Rato se incluyó en el Sepblac después de detectar que no casaba la fortuna que había declarado en la amnistía fiscal en 2012, con la declaración posterior en 2013.

Publicación del nombre de los defraudadores

Sea Rato o no una cabeza de turco, que el Gobierno ha podido utilizar para hacer ver que sí investiga la corrupción, incluso a uno de los suyos, el Ejecutivo no podrá evitar que todos los focos se sitúen de nuevo en la amnistía fiscal, y eso va en contra, directamente, de Montoro, y, por tanto, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PSOE ha forzado que el Congreso vote el próximo martes una moción para que se inste a dar a conocer el nombre de los 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía. También que se vote la reprobación del ministro Montoro, y se requerirá la creación de una comisión de investigación.

En este último caso, el PP podría caer en una gran contradicción, después de alentar la comisión sobre el caso Pujol en Cataluña.