Rajoy tiene engañada a Bruselas con el cementerio nuclear

La polémica en torno al cementerio nuclear de Villar de Cañas no cesa. Y tanto la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) parecen hacer oír sordos a la paralización de facto existente sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuyo emplazamiento en la localidad conquense fue aprobado por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy en diciembre de 2011.

Un proyecto que no cuenta con la autorización de emplazamiento y construcción por parte del Ministerio de Industria, tras el informe positivo del CSN, ni con la Declaración de Impacto Ambiental que debe evacuar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ni tampoco con la adecuación a las nuevas normas urbanísticas por parte de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, al quedar anulado el plan de urbanismo por parte del nuevo Ejecutivo presidido por el socialista Emiliano García-Page.

A pesar de estas circunstancias, Enresa y el CSN siguen empecinados en mantener su actividad en relación a este asunto como si nada de esto estuviera sucediendo. Adjudicaciones de contratos menores e informes así parecen corroborarlo.

«Son solo eso, previsiones»

Fuentes del CSN vienen a asegurar que todos estos documentos forman parte del protocolo de cumplimiento que, como organismo que vela por la seguridad nuclear en España, debe realizar periódicamente ante instancias internacionales para cumplir con las modificaciones regulatorias introducidas.

Cuestiones técnicas que no entran a valorar los aspectos polémicos que rodean al cementerio nuclear. Respecto a la previsión de que el ATC funcione en 2018, las mismas fuentes aseguran que «solo son eso, previsiones».

El obsoleto Plan General de Residuos Radiactivos de 2006

En uno de estos documentos, elaborado por el CSN en agosto de 2015 y remitido a la Unión Europea a finales del pasado año, el Gobierno español mantiene a pies juntillas las estimaciones que, sobre la gestión de residuos, recoge el sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado hace casi una década, en junio de 2006.

Entre esas previsiones figuran, además de la puesta en marcha del ATC a principios de 2018, el funcionamiento, a mediados de 2017, de una instalación complementaria al asilo nuclear, como es el Almacén de Espera de Contenedores (AEC).

Plazos imposibles de cumplir
 
Dos plazos que, evidentemente, se incumplirán y existen grandes dudas sobre si alguna vez lo harán, dadas las dificultades surgidas, tanto a nivel técnico, con la idoneidad de los terrenos, como políticas, con el incierto panorama que se atisba tras las próximas elecciones generales del 26J.

Las licitaciones de obras para construir las instalaciones, tanto del ATC como del almacén de espera, llevan paralizadas por Enresa desde hace más de un año.

A pesar de ello, en ese Informe Nacional sobre la aplicación de la Directiva 011/70/Euratom para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, el CSN insiste en que «tanto el combustible gastado como los residuos de alta actividad y los residuos especiales se almacenarán en el ATC».

Actualmente, el combustible nuclear gastado generado en España (con la excepción del de  la central Vandellós I, que se reprocesa en Francia) se almacena en las piscinas de combustible de los reactores nucleares y en los almacenes temporales emplazados en las centrales de Trillo, José Cabrera y Ascó. Los restantes residuos, de baja y media actividad, lo hacen en la instalación de El Cabril, en Córdoba.

Gestión de 188.000 metros cúbicos de residuos hasta 2024

En el documento remitido a Bruselas, el CSN también estima que España deberá gestionar unos 188.000 metros cúbicos de residuos radiactivos y combustible gastado hasta 2024, la fecha en que caduca la licencia de explotación de la central de Trillo, en Guadalajara.

Este informe no ha sido la última iniciativa tomada por el CSN en relación al cementerio nuclear. En su sesión plenaria del pasado 17 de febrero, el organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, y que preside Fernando Marti Scharfhausen, requería a Enresa para que, antes de acabar el presente año, realice sendos estudios en relación a la seguridad del ATC.

Con ellos se trata de verificar los objetivos de seguridad establecidos en una directiva de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de 2014, además de identificar las medidas a implantar ante «la probabilidad no despreciable» de que pudieran producirse terremotos en el emplazamiento del cementerio nuclear.